Una solicitud que pone en jaque la doble persecución judicial
La defensa del exasesor ministerial Koldo García ha presentado ante la Audiencia Nacional un escrito en el que pide el archivo inmediato del llamado "caso Mascarillas". El argumento central es que el acusado ya ha sido juzgado por los mismos hechos en el Tribunal Supremo, por lo que insistir en un nuevo proceso vulneraría el principio de prohibición de doble juzgamiento consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Contexto del caso y la citación reciente
El 14 de mayo de 2026, el instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 2, Ismael Moreno, citó a García en calidad de investigado. La citación se basó en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que había centrado su investigación en los contratos de adquisición de material sanitario y pruebas diagnósticas celebrados con la empresa Soluciones de Gestión y con Eurofins Megalab. Dichos acuerdos fueron otorgados por gobiernos autonómicos, entre ellos el de Baleares, presidido entonces por Francina Armengol, y el Servicio Canario de Salud.
El argumento de duplicidad de procedimientos
Según el escrito de la defensa, los contratos mencionados ya forman parte del relato fáctico que la Fiscalía Anticorrupción presentó en el Supremo. Tanto el fiscal jefe, Alejandro Luzón, como las acusaciones populares incluyeron esos mismos hechos en sus conclusiones. La defensa subraya que el delito es "uno e indivisible" y que las distintas administraciones adjudicatarias son simplemente manifestaciones territoriales del mismo hecho delictivo: un presunto cohecho mensual de 10.000 euros pagado por el empresario Víctor de Aldama al asesor y al ministro para obtener un trato preferente.
El equipo jurídico insiste en que los hechos que se pretenden indagar el 14 de mayo son sustancialmente idénticos a los que ya fueron objeto de juicio en la Sala Segunda del Supremo. Aseguran que resulta jurídicamente imposible sostener simultáneamente la existencia de un único delito de organización criminal y un único delito continuado de cohecho que abarque todas las adjudicaciones, mientras se abre un procedimiento independiente para cada administración.
Pruebas ya practicadas y la prohibición del Convenio Europeo
Para reforzar su postura, la defensa recuerda que en el proceso del Supremo se escucharon declaraciones testimoniales de figuras como Ángel Víctor Torres, entonces ministro de Política Territorial y expresidente del Gobierno de Canarias, y Francina Armengol. Estas pruebas, según los abogados, dejan clara que los hechos ya fueron examinados y valorados por el máximo tribunal.
La defensa también advierte de la "doble persecución simultánea prohibida" por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Argumentan que la totalidad de los pagos realizados por Aldama constituye un delito continuado de cohecho, por lo que intentar juzgar los "favores autonómicos" en causas separadas desintegraría la unidad jurídica del proceso y rompería la continencia de la causa.
Implicaciones para el futuro del caso
Si la Audiencia Nacional accede al archivo, la investigación quedaría sin avanzar en esa instancia, consolidando el pronunciamiento del Supremo como definitivo. Por el contrario, si se rechaza la solicitud, García podría afrontar otra ronda de interrogatorios y posibles cargos, lo que abriría un horizonte de controversia sobre la aplicación práctica del principio de non bis in idem en el derecho penal español.
El debate que se genera alrededor de esta petición pone de relieve la complejidad de los casos de corrupción que atraviesan múltiples administraciones y la necesidad de un marco judicial que garantice la coherencia entre diferentes instancias judiciales.