Manuel Llamas se mantiene firme ante la acusación
Contexto de la comparecencia en el Senado
El teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, compareció este viernes ante la comisión del Senado convocada por el PP para indagar en el caso de las mascarillas. Durante su intervención, el militar reiteró que, pese a haber sido imputado por el juez Santiago Pedraz por presunta prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia, no tiene intención de renunciar a su cargo.
Motivaciones de la imputación
Según la acusación, Llamas habría favorecido la difusión de informaciones reservadas y habría impulsado investigaciones internas tras filtraciones a la prensa sobre asuntos vinculados al entorno del presidente Pedro Sánchez, entre ellos el caso de Begoña Gómez. La denuncia se sustenta en la supuesta participación del DAO en la filtración de datos sensibles relativos al hermano del mandatario, lo que habría entorpecido la labor de la Unidad Central Operativa (UCO).
Defensa y respaldo institucional
Frente a la pregunta de la senadora María Mar Caballero (UPN) sobre una posible dimisión, Llamas respondió de forma tajante: “En absoluto”. Aseguró que su honor no está puesto en entredicho y que solo considerará abandonar su puesto si se formaliza una acusación en primera instancia o si una sentencia condenatoria quedara firme. Además, destacó el apoyo del ministro del Interior, Fernando Grande‑Marlaska, quien describió la situación procesal del DAO como “injusta”.
Crítica a la “proactividad tóxica” de algunos investigadores
Durante el testimonio, Llamas denunció lo que calificó como “exceso de protagonismo” y “vanidad” de ciertos investigadores, acusándolos de asumir roles que corresponden al juez instructor. Señaló que la tendencia a actuar de forma proactiva y supletoria por parte de la UCO genera confusión y dificulta la correcta separación de funciones entre la policía judicial y el poder judicial.
Implicaciones políticas y institucionales
El caso ha convertido a la comisión senatorial en un verdadero “cajón de sastre”, donde confluyen responsables políticos e institucionales vinculados, directa o indirectamente, a procesos judiciales en curso. La postura de Llamas, junto al respaldo del interior, plantea un escenario de tensión entre la Guardia Civil y el poder legislativo, que podría repercutir en la percepción pública de la independencia de las fuerzas de seguridad.
En conclusión, el teniente general mantiene su postura de no dimitir, argumentando que su honor permanecerá intacto mientras no exista una condena definitiva. Su discurso, cargado de críticas al comportamiento de algunos miembros de la UCO, refleja una defensa férrea de la cadena de mando y de la separación de competencias entre la investigación policial y la autoridad judicial.
