Contexto del conflicto entre la Guardia Civil y el Gobierno
El caso Leire, que lleva ocho años alimentando una pugna institucional, vuelve a ocupar los titulares tras la comparecencia ante la Audiencia Nacional del comandante que ejerce como secretario del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil. El militar ha revelado que los generales que integran la cadena de mando de la Unidad Central Operativa (UCO) modificaron sus declaraciones originales, pasando de reconocer presión a negarla cuando fueron interrogados por el teniente coronel Antonio Balas, encargado de la investigación interna por presuntas filtraciones periodísticas.
Testimonio del secretario del DAO y la versión de los altos mandos
Durante la audiencia, el comandante explicó que, en un primer momento, dos jefes – el teniente coronel Balas y otro superior – admitieron haber sentido coacción por parte de sus superiores en los procesos que involucraban al PSOE y al Gobierno. No obstante, tras una segunda entrevista, los oficiales cambiaron de postura y aseguraron no haber percibido presión alguna. El testigo sostiene que esta contradicción fue inducida por la intervención de altos cargos que pretendieron ocultar la verdadera naturaleza de las investigaciones reservadas.
Las investigaciones reservadas y el rol de la directora general
Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, ha sido acusada de abrir tres procedimientos internos bajo la influencia de Leire Díez, quien habría sostenido al menos dos reuniones con la máxima responsable. Según González, dichas investigaciones surgieron como reacción a la publicación en medios de tres informaciones reservadas: correos electrónicos del presidente del Gobierno y su esposa, conversaciones de WhatsApp entre Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y otros miembros del ejecutivo, y la aparición en la portada de un periódico del DAO, el teniente general Llamas, describiéndolo como “peón de Marlaska”.
De los tres casos, solo el último desencadenó la toma de declaración del entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y del general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. Ambos, según el secretario del DAO, inicialmente indicaron que no habían percibido presión administrativa, pero posteriormente, ante Balas, modificaron su afirmación y reconocieron sentir coacción.
Implicaciones judiciales y políticas
El próximo viernes, tanto López Malo como Yuste comparecerán como testigos ante el juez Santiago Pedraz, lo que podría arrojar luz sobre la existencia de posibles intromisiones de la alta dirección en el curso de las investigaciones. Por otro lado, el jefe del Servicio de Información, responsable de la primera alerta sobre una supuesta conspiración del grupo de Leire Díez para desacreditar a la UCO, afirmó que la información provino de una fuente anónima y que incluía un vídeo en el que la propia Leire declaraba su deseo de ver a Balas “muerto”.
Estos testimonios añaden más leña al incendio institucional, que ha polarizado la opinión pública y genera crecientes tensiones entre la Guardia Civil y el Gobierno central. La cuestión de si se trata de una estrategia política para debilitar a la fuerza de seguridad o de una legítima investigación interna sigue sin resolverse, mientras que la audiencia nacional se convierte en el escenario principal donde se decidirá el destino de los involucrados.