Un veredicto que sacude a la derecha judicial
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que desmonta los argumentos que la derecha política y judicial española había utilizado contra la ley de amnistía aprobada por el Gobierno. La decisión, que rechaza la idea de que la medida vulnera la igualdad, la seguridad jurídica o los intereses financieros de la UE, representa una nueva derrota para la corriente conservadora que había intentado presentar la amnistía como una amenaza al orden constitucional.
La reacción del Partido Popular
El Partido Popular (PP) ha respondido con una nota de prensa discreta, sin convocar ruedas de prensa ni lanzar los habituales ataques al Ejecutivo. Tras haber calificado la ley como un peligro para la democracia, el PP ahora parece haber dejado que el tema se enfríe, intentando minimizar la repercusión del fallo europeo.
Protestas judiciales antes de la ley
Antes incluso de que el proyecto de amnistía llegara al Congreso, cientos de magistrados se congregaron frente a sus juzgados, vistiendo togas y manifestando su rechazo a un texto que aún desconocían. Aquellas concentraciones fueron claramente una maniobra política destinada a presionar al legislador y a crear una imagen de defensa del Estado de derecho.
Lo que establece el TJUE
El tribunal europeo ha señalado que la amnistía puede servir como un “escenario de reconciliación” y que no constituye una auto‑amnistía ni una ruptura de la igualdad ante la ley. Además, ha subrayado que la medida no afecta al buen funcionamiento del sistema judicial nacional ni a la estabilidad financiera de la Unión.
Consecuencias inmediatas
El fallo no implica que figuras como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras reciban de forma automática los beneficios de la amnistía; esa decisión corresponde al Tribunal Constitucional español. Sin embargo, 35 antiguos altos cargos de la Generalitat y trece activistas de los CDR acusados de terrorismo sí se benefician ahora de la extinción de responsabilidad, según la interpretación del TJUE.
El papel del Tribunal Supremo
La Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, había intentado excluir de la amnistía los delitos de malversación cometidos por los líderes independentistas, argumentando que existía un beneficio económico derivado de fondos públicos. El TJUE ha rechazado esa lógica, señalando que la financiación de la campaña independentista provino mayoritariamente de donaciones privadas, no de recursos estatales.
¿Qué sigue para España?
Los tribunales nacionales están obligados, según el TJUE, a dictar resoluciones de extinción de responsabilidad sin valorar pruebas exculpatorias, en consonancia con el principio mismo de la amnistía. El desafío ahora es observar si el Tribunal Supremo mantendrá su postura creativa o se alineará con la interpretación europea.
Source: https://www.eldiario.es/politica/sentencia-europea-dice-marchena-tribunal-supremo_129_13384744.html
