Una polémica legislación vuelve a la ribera del Mediterráneo
El Parlamento israelí, el Knéset, aprobó este lunes una normativa que reincorpora la pena de muerte por ahorcamiento como sanción para los llamados "actos de terrorismo". La votación fue ajustada, con 68 votos a favor y 42 en contra, y ha desatado una oleada de críticas a nivel internacional por su aparente sesgo racial y su potencial para intensificar el conflicto entre Israel y Palestina.
Definiciones vagas y aplicación selectiva
La nueva ley describe los actos terroristas de forma imprecisa, lo que permite una interpretación amplia por parte de los tribunales. Organizaciones de derechos humanos, como la israelí BTselem, argumentan que el texto está redactado específicamente para aplicarse a los palestinos, normalizando la ejecución como un método de castigo colectivo. Según BTselem, la medida busca consolidar una práctica que ya, de facto, se aplica mayoritariamente a la población palestina tanto dentro de Israel como en los territorios ocupados.
Dos sistemas judiciales, una pena diferente
Israel opera bajo dos regímenes legales: un sistema civil y penal para sus ciudadanos y residentes –incluidos los árabes israelíes, que representan el 20 % de la población– y tribunales militares que juzgan a los palestinos en Cisjordania. En el primero, la pena capital se limitaría a asesinatos cometidos en el marco de “acciones terroristas” destinadas a negar la existencia del Estado. En el segundo, sin embargo, la ley contempla la muerte para cualquier caso de asesinato, sin distinguir entre colonos israelíes y residentes palestinos.
El profesor Ori Aronson, de la Universidad Bar‑Ilan, subraya que esta dicotomía refuerza la discriminación: "Los palestinos en Cisjordania enfrentarían la ejecución mientras que los colonos israelíes, que a menudo perpetran actos violentos, quedarían excluidos".
Un proceso judicial restringido y polémico
Los jueces militares, según la ONG, deberán imponer la pena capital a los palestinos declarados culpables, salvo en "circunstancias especiales". La condena se decidiría por mayoría simple y las posibilidades de apelación serían extremadamente limitadas. BTselem señala que el 96 % de los palestinos juzgados en tribunales militares son condenados, frecuentemente basándose en confesiones obtenidas bajo coacción y tortura.
Reacciones internacionales y denuncias de apartheid
Human Rights Watch ha calificado la medida como una herramienta que consolida un sistema judicial de dos niveles, característica propia del apartheid. La relatora de la ONU ha denunciado que Israel lleva a cabo torturas sistemáticas contra palestinos, describiendo estos actos como parte de un proceso genocida. Gobiernos europeos y expertos de la ONU consideran la legislación discriminatoria y exigen su revocación.
Un retroceso histórico
La pena de muerte había sido limitada en Israel desde 1954, manteniéndose solo para crímenes de genocidio o traición. La única ejecución llevada a cabo por el Estado fue la de Adolf Eichmann en 1962, después de su captura en Argentina. La reintroducción de la horca, tras siete décadas, representa un retroceso significativo en los derechos humanos y en la imagen internacional de Israel.
El debate sigue abierto, pero mientras el Knéset avala la medida, la comunidad internacional observa con creciente preocupación el potencial de escalada en la violencia y la profundización de la brecha de justicia entre israelíes y palestinos.
