Resumen del conflicto
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central denunciando que la medida cautelar adoptada por el Tribunal Supremo vulnera el derecho al sufragio de los ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española en el extranjero. Según el organismo, la decisión genera una discriminación directa basada únicamente en el lugar de residencia, pues mientras los nacionalizados que viven en territorio peninsular mantienen su derecho a votar, sus homólogos en el exterior ven congelados sus derechos electorales.
Fundamentos de la denuncia
El CGCEE argumenta que la normativa electoral sólo permite la privación del voto mediante una sentencia penal firme, y que la aplicación administrativa de la medida cautelar del Supremo constituye una suspensión de facto de una prerrogativa constitucional sin que exista condena previa ni audiencia para los afectados. Además, el escrito critica la "estigmatización" que se ha generado en torno al sufragio exterior, calificando de improcedentes los discursos que ponen en duda la legitimidad de los votos emitidos por más de tres millones de españoles residentes fuera de España.
Contexto de la normativa
La Ley de Memoria Democrática, que permite la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de españoles represaliados durante el franquismo, ha sido la base para que cientos de miles de personas obtengan la ciudadanía en el extranjero. El CGCEE subraya que la concesión de la nacionalidad no implica una inscripción automática en el Censo de Residentes (CER); es necesario realizar un trámite voluntario de alta en el Registro de Matrícula Consular, proceso que muchos beneficiarios no completan.
Datos y cifras
El organismo señala que el número de nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática asciende a 168.896, cifra que el Gobierno ha confirmado como inferior a la estimación inicial de los jueces del Supremo. Asimismo, destaca que el crecimiento del censo exterior es una tendencia de más de dos décadas, impulsada por la mayoría de edad de residentes y traslados desde España, y no exclusivamente por la llamada "ley de los nietos".
Impacto electoral
El CGCEE recuerda que la participación del electorado español en el exterior ha sido históricamente baja, lo que desvirtúa la tesis del Supremo de que existiría un riesgo de alteración electoral significativo. Según datos oficiales, la tasa de participación de los votantes en el extranjero suele situarse por debajo del 10 % en elecciones generales, lo que reduce considerablemente cualquier posible influencia en los resultados.
Conclusiones y peticiones
El Consejo solicita a la Junta Electoral Central que revise la medida cautelar y garantice la igualdad de trato entre los nacionalizados residentes en España y los que viven en el exterior. Asimismo, pide que se eliminen los discursos discriminatorios y se reconozca plenamente la ciudadanía de los españoles en el extranjero como parte integral del cuerpo político del país.
