Situación crítica en los consulados
Desde la entrada en vigor de la vía extraordinaria prevista en la Ley de Memoria Democrática, más de un millón de descendientes de españoles exiliados han solicitado la ciudadanía. Los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, obtenidos a través del Portal de Transparencia, revelan que 632.760 peticiones siguen sin resolverse y sólo el veinticinco por ciento ha sido inscrito de forma definitiva.
Concentración de la demanda
Argentina, Cuba, Brasil y México concentran el 72 % de los solicitantes, lo que ha desbordado a los consulados de esos países. En la práctica, el 54 % de las solicitudes permanece inmóvil en un “cajón”, a la espera de una credencial que permita concertar una cita y entregar la documentación.
Un proceso que se vuelve pesadilla
Los afectados describen una burocracia interminable: formularios que desaparecen, expedientes devueltos y cuotas de tiempo que se prolongan más allá de los seis meses anunciados. Roberto, residente en La Habana, relata que su trámite, iniciado en junio de 2024, se ha extendido a más de un año y medio, y que ahora le exigen esperar otro año y medio para la resolución final.
Ratios de aceptación y denegación
De las solicitudes ya resueltas, la gran mayoría ha sido aceptada; apenas el 1,32 % ha sido rechazada. Sin embargo, la lentitud del registro consular mantiene a miles de personas en un limbo legal que impide que accedan a derechos sociales, pensiones o a la libre circulación dentro de la Unión Europea.
Intentos de solución
El Gobierno ha anunciado un “esfuerzo enorme” para reforzar el personal consular, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta oficial a las consultas mediáticas. Los grupos de Telegram creados por los solicitantes funcionan como redes de apoyo y denuncia, evidenciando la uniformidad de las quejas y la falta de un plan de contingencia efectivo.
En conclusión, la sobrecarga administrativa y la escasa capacidad operativa de los consulados han convertido una medida de justicia histórica en una crisis de gestión que afecta a cientos de miles de españoles y sus descendientes. La espera prolongada no solo genera frustración, sino que también vulnera derechos fundamentales vinculados a la identidad y la pertenencia.