Promoción original y condiciones anunciadas
El 10 de agosto, ING envió un correo electrónico a su base de clientes detallando una oferta atractiva: un reembolso del 10 % en compras realizadas con tarjeta de crédito siempre que el importe fuera igual o superior a 100 €, con un techo máximo de 60 €. La comunicación especificaba que, por ejemplo, una compra de 500 € generaría una devolución de 50 €, que el abono se efectuaría el 5 de septiembre y que la promoción permanecería vigente hasta el 28 de agosto.
La inesperada “incidencia operativa”
Pocos días después, ING emitió una segunda notificación en la que alegaba una supuesta "incidencia operativa" en el envío del mensaje inicial y declaraba que la oferta no estaba activa. Ante esta postura, la organización de consumidores Facua envió un escrito advirtiendo que, de no respetarse la propuesta comercial, presentaría una denuncia formal ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Reducción drástica del plazo
El 31 de agosto, el banco volvió a comunicarse, anunciando que sí aplicaría la promoción, pero limitando su vigencia hasta el 14 de agosto, es decir, apenas cuatro días después del anuncio original. Esta decisión redujo considerablemente la ventana de tiempo disponible para que los usuarios pudieran beneficiarse del reembolso.
Argumentos de Facua y marco legal
Facua sostiene que ING debe cumplir con los términos inicialmente divulgados, ya que los consumidores confiaron en la información recibida y, en muchos casos, ajustaron sus gastos para aprovechar la oferta. La asociación cita el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que establece que el contenido de una oferta es exigible para los consumidores, aun cuando no figure expresamente en el contrato.
Además, la entidad advierte que una supuesta falla técnica no puede servir como excusa para eludir compromisos contractuales, pues ello vulnera la confianza legítima generada en los clientes.
Petición de sanción y recomendaciones a los usuarios
Facua ha solicitado al Ministerio que abra un expediente sancionador contra ING por infringir los derechos de los consumidores al acortar arbitrariamente la duración de la promoción. Asimismo, insta a los usuarios que recibieron la oferta a presentar reclamaciones al banco y a contactar a la asociación para recibir asesoramiento gratuito sobre cómo defender sus intereses.
En caso de que el banco persista en su postura, los consumidores podrían acudir a los tribunales o a la Oficina de Atención al Consumidor para buscar una compensación adecuada.