Contexto del caso
En julio de 2022 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso una sanción de 15.000 euros a Agustín Marco, periodista y adjunto al director de El Confidencial, por haber adquirido acciones de la constructora OHL (actualmente OHLA) utilizando información no pública. La decisión se basó en la normativa del mercado de valores, que castiga el uso de datos privilegiados para obtener ventajas en la compra o venta de valores.
Hechos que dieron origen a la multa
El 7 de marzo de 2019 Marco compró 15.000 acciones de OHL por un total de 15.000 euros. Cuatro días después, el 11 de marzo, firmó una nota informativa que revelaba la existencia de negociaciones entre el Grupo Villar Mir, principal accionista de OHL, y la empresa italiana Salini, que contemplaban una posible adquisición de participación en la constructora. La información era confidencial y, según la CNMV, Marco la conoció en el ejercicio de su actividad periodística.
Decisión de la Audiencia Nacional
El 27 de julio, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso‑Administrativo de la Audiencia Nacional desestimó el recurso presentado por Marco contra la resolución de la CNMV. El tribunal confirmó la multa, argumentando que la mera adquisición de títulos con conocimiento de información privilegiada constituye una infracción grave según el artículo 282.16 de la Ley del Mercado de Valores, sin necesidad de demostrar que el infractor haya obtenido beneficios económicos.
Argumentos de la defensa
Marco sostuvo que su conducta se diferenciaba de la de un inversor típico porque no vendió las acciones posteriormente y, además, divulgó la información en su medio. Según su defensa, un sujeto que pretende aprovecharse de datos confidenciales suele mantenerlos en secreto para evitar cualquier vínculo con la fuente. Sin embargo, la Audiencia consideró que la falta de venta era “irrelevante” y que la publicación posterior no exime la responsabilidad penal por el uso inicial de la información.
Implicaciones y próximos pasos
Esta sentencia marca la primera vez que un periodista es sancionado por uso de información privilegiada en España, sentando un precedente importante para la ética periodística y la regulación del mercado financiero. Marco ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo, lo que podría generar un debate más amplio sobre los límites entre la labor informativa y la actividad bursátil.
El caso también pone de relieve la vigilancia de la CNMV y la necesidad de que los profesionales de la comunicación respeten las normas que rigen el acceso a información sensible, especialmente cuando sus actividades pueden influir en la cotización de valores.
