Contexto y antecedentes
En la localidad costera de Carboneras, en la provincia de Almería, la polémica alrededor del hotel El Algarrobico ha vuelto a ocupar los titulares. La licencia de obras concedida en 2003 a la empresa Azata del Sol ha sido objeto de controversia desde hace años, y la reciente decisión del pleno municipal del 17 de junio de 2024 de aplazar la votación para anularla ha desencadenado una serie de reacciones institucionales.
Denuncia de la asociación ecologista
Dos días después de la sesión plenaria, la organización Salvemos Mojácar presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Almería, alegando que los siete concejales que votaron a favor de posponer la deliberación incurrían en una “desobediencia inadmisible” y en un supuesto delito de prevaricación administrativa. La asociación sostuvo que la medida contravenía el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que los ediles estaban dilatando deliberadamente un proceso que ya contaba con un dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).
Actuación de los concejales
Los siete miembros del pleno que respaldaron la postergación fueron José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández. De ellos, cinco estaban vinculados al PSOE, mientras que los dos restantes eran independientes. La decisión de dejar la cuestión sobre la mesa fue justificada por los propios concejales como la necesidad de obtener informes técnicos adicionales, aunque la Fiscalía consideró que dichos argumentos carecían de fundamento y que ya existían los estudios requeridos.
Respuesta del PSOE y del Ayuntamiento
Ante la denuncia, el Partido Socialista Obrero Español abrió un expediente disciplinario contra los cinco ediles afiliados y anunció la expulsión temporal de los implicados, entre los que se encontraba su portavoz José Luis Amérigo. Por su parte, el Ayuntamiento de Carboneras remitió a la Fiscalía la acta del pleno y la documentación solicitada, incluyendo los informes jurídicos y técnicos que pudieran esclarecer la legalidad de la licencia.
Desarrollo de la investigación
La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ha calificado la posible comisión del delito como “presumible” y ha iniciado diligencias preprocesales para determinar si existió prevaricación. En paralelo, la nulidad de la licencia fue finalmente aprobada en un pleno posterior, celebrado el 7 de julio, con el voto favorable del alcalde Salvador Hernández (CS) y de los siete concejales, incluidos los que habían sido sancionados por el PSOE en la votación inicial.
Implicaciones políticas y medioambientales
El caso ha puesto de relieve la tensión entre intereses turísticos, la gestión urbanística y la presión de los colectivos ecologistas. La polémica ha generado un debate sobre la transparencia en la toma de decisiones municipales y la responsabilidad de los representantes electos frente a la normativa ambiental. Además, la investigación ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control interno en los ayuntamientos para evitar situaciones similares en el futuro.