Contexto del siniestro en los Mallos de Riglos
Desde el 10 de agosto, un incendio de dimensiones sin precedentes arrasó más de 18.500 hectáreas del espacio natural protegido de los Mallos de Riglos, convirtiéndose en el peor episodio de fuego registrado en Aragón. La llama, que se extendió a lo largo de unos 100 kilómetros, obligó al desalojo de 1.046 personas y dejó a 19 poblaciones y dos campings sin acceso. La magnitud del desastre ha puesto bajo la lupa una obra vial que llevaba casi dos años generando malestar entre los habitantes: la carretera A‑132.
Advertencias previas de los municipios
Alcaldes, empresarios turísticos y vecinos de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego habían solicitado reiteradamente a la empresa ejecutora una planificación distinta de los trabajos. Señalaron que los cortes totales de la vía en verano incrementaban el riesgo de una emergencia, pues la A‑132 es la arteria principal para la evacuación y la llegada de los servicios de extinción.
Juan Torralba, alcalde de Las Peñas de Riglos, recordó: “Llevamos meses advirtiendo que cerrar esta carretera en temporada de incendios era un peligro innecesario”. De igual forma, Antonio Biescas, primer edil de Ayerbe, criticó la falta de coordinación, argumentando que “no se garantizó la seguridad del territorio”. Estas voces se unieron bajo la premisa de que la catástrofe había sido anunciada.
La obra y su objetivo
La rehabilitación integral de la A‑132 forma parte del Plan Extraordinario de Carreteras del Gobierno de Aragón, con una duración prevista de 30 meses. El proyecto busca mejorar la conexión entre Ayerbe, Puente la Reina y Jaca, facilitando el acceso a los Mallos, una zona reconocida por sus formaciones geológicas, su biodiversidad y su atractivo turístico.
Aunque la necesidad de la mejora era indiscutible, la asociación Reino de los Mallos, integrada por los municipios y empresarios locales, insistió en que la ejecución debía evitar dejar a la población en una situación de vulnerabilidad. En abril de 2025, los representantes locales solicitaron una reunión urgente con la administración para conocer la planificación detallada, proponiendo incluso la construcción de un nuevo puente que permitiera mantener la circulación durante los trabajos.
Investigación y posibles responsabilidades
La Guardia Civil ha iniciado una investigación para determinar la causa exacta del incendio, mientras que el procedimiento judicial deberá esclarecer si la falta de coordinación en la obra contribuyó al agravamiento del siniestro. Los denunciantes sostienen que la combinación de cortes de la carretera y la ausencia de rutas alternativas dificultó la respuesta rápida de los equipos de extinción.
El episodio ha reavivado el debate sobre la gestión de infraestructuras en zonas de alto riesgo ambiental, subrayando la importancia de escuchar a la comunidad local y de integrar planes de contingencia en cualquier proyecto de gran envergadura.