Aprobación del Real Decreto-ley en el Congreso
El pleno del Congreso ha dado el visto bueno al Real Decreto‑Ley que permite la jubilación parcial anticipada del personal laboral de todas las administraciones públicas. La votación se dio con el voto en contra de Vox, Junts y Podemos, mientras que el Partido Popular optó por abstenerse, lo que facilitó la convalidación del texto. La medida responde a una larga demanda de los sindicatos, que reclaman igualdad de trato entre el sector privado y el público en materia de salida anticipada del mercado laboral.
Requisitos y funcionamiento de la jubilación parcial
Según la normativa, los empleados públicos podrán solicitar la jubilación parcial siempre que cumplan tres condiciones esenciales: haber cotizado al menos 33 años, contar con una antigüedad mínima de seis años en el puesto actual y presentar la solicitud hasta tres años antes de la edad ordinaria de jubilación. La reducción de jornada podrá oscilar entre el 25 % y el 75 % del tiempo de trabajo, combinando un salario proporcional por las horas efectivas y la parte correspondiente de la pensión por las horas no trabajadas. Para que la medida sea viable, el trabajador debe firmar simultáneamente un contrato de relevo, garantizando la continuidad del servicio.
Actualización del complemento de residencia en Baleares
Junto a la reforma de la jubilación parcial, el Real Decreto‑Ley incorpora una mejora del complemento de residencia para más de 11 000 empleados públicos destinados en las Illes Balears. Este complemento, que compensa el coste de vida en la zona insular, se incrementa, lo que supone un alivio económico para los funcionarios que viven y trabajan en el archipiélago.
Reacciones de los grupos parlamentarios
El debate en la cámara estuvo marcado por críticas y elogios. Ione Belarra, de Podemos, denunció al Gobierno por mantener la “temporalidad abusiva” y exigió una solución definitiva para los interinos antes de apoyar cualquier reforma. Junts per Catalunya acusó al Ejecutivo de usar el real decreto‑ley como una vía “pérdida” para aprobar iniciativas sin mayorías, aunque reconoció la necesidad de cerrar el vacío legal sobre la jubilación parcial. Por su parte, el PP calificó la norma de “avería normativa” y criticó la forma “atropellada” de legislar, optando finalmente por la abstención. Esquerra Republicana, en cambio, respaldó el decreto al considerar que cumple los acuerdos alcanzados con los sindicatos.
Perspectivas y desafíos futuros
El ministro de Función Pública, Óscar López, subrayó que la medida mejora la vida de muchos trabajadores sin perjudicar a nadie, y recordó que si el sector privado puede acceder a la jubilación parcial, el público también debería hacerlo. Sin embargo, la discusión sobre la estabilidad de los interinos y la necesidad de una reforma integral del empleo público sigue abierta. La aprobación de este decreto‑ley marca un paso importante, pero también plantea la urgencia de abordar la temporalidad y la planificación generacional en la función pública.
