Sentencias que marcan un punto de inflexión
En las últimas semanas dos juzgados han emitido resoluciones que ponen en manifiesto la urgencia de revisar el modelo de contratación temporal en la Administración pública española. Ambas decisiones se inspiran en el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que calificó como insuficientes los mecanismos de protección para los trabajadores interinos. El caso de Vigo y el de Madrid ofrecen dos perspectivas diferentes: una compensación económica y el reconocimiento de una posición laboral indefinida mediante sentencia.
Vigo: 52.000 euros por 17 años de precariedad
El juzgado de lo Social número 3 de Vigo, tras analizar la denuncia de una empleada que había permanecido 17 años en el sector público como interina y como "indefinida no fija", estableció una indemnización de 52.100 euros. La magistrada detalló que la cuantía debía reflejar la duración de la situación de incertidumbre, la naturaleza de las funciones desempeñadas y el perjuicio económico generado por la falta de estabilidad. El fallo alude expresamente al criterio del TJUE, que exige una compensación a partir del cese efectivo de la contratación irregular, teniendo en cuenta tanto la pérdida de ingresos potenciales como el daño psicológico de la temporaneidad prolongada.
Madrid: reconocimiento de “indefinida por sentencia” tras casi dos décadas
En la capital, el tribunal contencioso‑administrativo anuló el cese de una técnico de prevención de riesgos laborales que había ejercido como interina durante casi veinte años. La jueza dictaminó que la trabajadora debe ser readmitida con la condición de "indefinida por sentencia", sin llegar a ser funcionaria de carrera pero garantizándole la continuidad en el puesto. La decisión tuvo en cuenta la edad, el sexo y la dificultad objetiva de reincorporarse al mercado laboral, argumentos que refuerzan la idea de que una indemnización no puede sustituir el derecho constitucional al trabajo. Asimismo, la sentencia remite al fallo del TJUE del 14 de abril, que había señalado la insuficiencia de los esquemas de estabilización existentes.
Implicaciones y perspectivas
Ambas resoluciones son susceptibles de recurso ante instancias superiores, pero ya marcan un precedente importante. El Ministerio de Función Pública ha anunciado que está revisando la jurisprudencia y evaluará posibles reformas legislativas para alinear la normativa española con la jurisprudencia europea. Mientras tanto, sindicatos como CGT y colectivos de trabajadores interinos continúan presionando para que se establezca un mecanismo definitivo que garantice la fijeza o, en su defecto, una compensación adecuada y proporcional.
El debate sigue abierto en los tribunales, y la comunidad jurídica anticipa que el Tribunal Supremo será quien defina, en última instancia, cuál es la vía legal que cumpla con los estándares del TJUE. Lo que está claro es que la combinación de indemnizaciones sustanciales y la posibilidad de obtener el estatus de indefinida por sentencia constituye una herramienta poderosa para combatir la temporalidad abusiva que ha permeado durante años el empleo público.