El conflicto por la información de los depósitos bancarios
Desde principios de 2023, tres diputados adscritos a la coalición Sumar –Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago– demandaron al Banco de España la divulgación detallada de los intereses percibidos por la banca al «aparcar» su liquidez en el Eurosistema. La solicitud se centró en los años 2022 y 2023, periodo en el que el banco central español cobró una remuneración a las entidades financieras que depositaron su exceso de fondos en la cuenta del Eurosistema.
El reclamo de los legisladores se basó en la necesidad de ejercer una función de control político, garantizando la transparencia de los beneficios obtenidos por las instituciones bancarias y evitando posibles abusos en la gestión de la política monetaria. Ante la negativa del supervisor financiero a proporcionar los datos desglosados por entidad, la cuestión migró a la vía judicial.
Sentencia del Tribunal Supremo
El máximo órgano judicial del país dictó, a mediados de mayo, una decisión que obliga al Banco de España a poner la información a disposición de los diputados. El Tribunal subrayó que los parlamentarios, como representantes del pueblo, tienen derecho a acceder a esos datos para ejercer su control institucional. Sin embargo, también precisó que la información debe conservar su carácter reservado, pues contiene datos sensibles del negocio de los bancos.
Esta doble calificación –acceso obligatorio pero confidencialidad preservada– generó una encrucijada operativa para el gobernador José Luis Escrivá y su equipo. La respuesta institucional se materializó en una carta dirigida a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ofreciendo una "sala de lectura" en las instalaciones del Banco de España.
La sala de lectura como solución
El mecanismo propuesto consiste en habilitar una dependencia exclusiva donde los diputados podrán consultar los documentos desagregados por entidad bancaria. Según fuentes del propio banco, la medida busca cumplir con el mandato judicial sin permitir la reproducción fotográfica ni la publicación de los informes. El procedimiento, dicen, tiene precedentes: se utilizó previamente para la comisión que investigó la quiebra de las cajas de ahorros durante la crisis financiera.
Aunque la propuesta parece alinearse con la sentencia, Sumar la califica de "obstruccionista" y "oscurantista". Los representantes consideran que la oferta se limita a una mera exhibición, cuando la resolución judicial ordena la entrega directa de la información. Para ellos, la configuración de una sala de lectura equivale a un subterfugio legal que dificulta el ejercicio del control parlamentario.
Reacción de Sumar y posibles medidas
El portavoz económico de la coalición, Carlos Martín, ha denunciado que la decisión del Banco de España vulnera el sentido de la sentencia, al impedir que los diputados extraigan notas o copien los datos. Desde su perspectiva, la normativa solo contempla una salvaguarda que impida la exposición pública de la información, no una restricción al acceso interno de los legisladores.
Ante la falta de una respuesta oficial del Congreso y sin una fecha concreta para habilitar la sala, Sumar plantea iniciar un procedimiento de incumplimiento contra el supervisor financiero. La intención sería forzar la entrega material de los documentos, bajo apercibimiento de sanciones.
En definitiva, el episodio ilustra la tensión entre la obligación de transparencia y la protección de datos empresariales. Mientras el Banco de España defiende la reserva de la información para evitar su difusión indiscriminada, los diputados exigen una entrega plena que les permita ejercer su función de control y fiscalizar los beneficios que la banca percibe por la gestión de la liquidez nacional.