El caso que pone a prueba la Ley Rider
El fundador de la plataforma de entregas Glovo, Oscar Pierre, se encuentra en el centro de una controversia judicial que podría redefinir la relación laboral entre las empresas de economía colaborativa y sus trabajadores. La causa, iniciada en Barcelona, se centra en la supuesta contratación de repartidores bajo la figura de autónomos, a pesar de la normativa española que, tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y la Ley Rider de 2021, obliga a reconocerlos como empleados cuando se cumplen ciertos criterios de dependencia y control.
Antecedentes y denuncia fiscal
Todo el proceso surgió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía de Barcelona, la cual ahora debe decidir si remite el expediente a juicio o lo archiva por falta de pruebas suficientes. La acusación popular está a cargo del sindicato CGT, que sostiene que existen indicios claros de que Pierre impuso “condiciones ilegales” al forzar a los conductores a aceptar contratos ajenos al régimen laboral vigente. Además, la Inspección de Trabajo había requerido a Glovo la regularización de su plantilla, pero la compañía habría persistido en mantener la modalidad de falso autónomo.
Posiciones de la defensa y de la acusación popular
El equipo legal que representa a Pierre, encabezado por los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, reconoce que Glovo intentó “desvirtuar” la presunción de laboralidad que establece la Ley Rider, pero argumenta que esas acciones no configuran delito alguno contra los derechos de los trabajadores. En su escrito, la defensa solicita el sobreseimiento del proceso, alegando que la instrucción no ha evidenciado conducta desobediente ni voluntad deliberada de eludir la normativa. Por su parte, Raúl Maíllo, abogado de la CGT, pide que el juez cite a Pierre para que responda a un cargo de delito contra los derechos de los trabajadores, subrayando que la empresa mantuvo a los repartidores como falsos autónomos pese a los requerimientos oficiales.
¿Qué dicta el juez?
El magistrado encargado de la instrucción está próximo a emitir su decisión. Si opta por remitir la causa a la fase de juicio, la acusación popular podrá presentar sus pruebas y los testigos –incluidos repartidores, inspectores y ex‑directivos de Glovo– serán interrogados en una audiencia pública. En caso de que se acceda al archivo, la empresa quedaría libre de cualquier responsabilidad penal en este ámbito, aunque la polémica sobre su modelo laboral seguiría latente. La resolución fiscal también influirá: el organismo acusador determinará si existen méritos suficientes para perseguir penalmente a Pierre.
El desenlace de este proceso adquiere una dimensión simbólica, pues tras varios años de litigios y negociaciones, Glovo había anunciado en 2025 la contratación directa de sus repartidores, intentando mejorar su imagen y evitar sanciones. Sin embargo, la reciente ola de despidos resultante de un ERE que afectó a 436 trabajadores ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad del modelo de negocio basado en la flexibilidad contractual.
En cualquier caso, la decisión judicial será observada de cerca por otras plataformas digitales, sindicatos y legisladores, que buscan esclarecer los límites entre empleo protegido y trabajo autónomo en la economía digital.
