Antecedentes del caso
En el año 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolvió el expediente 416/2008, en el que una empresa intentó despedir a una trabajadora administrativa que se encontraba en situación de incapacidad temporal por una contractura cervical y, posteriormente, por vértigo posicional paroxísico benigno. La empleada había solicitado la baja médica y, pese a ello, la compañía contrató a un detective privado para indagar sobre sus supuestos desplazamientos durante el período de reposo.
Vigilancia privada y acusaciones
El seguimiento, realizado los días 23, 24 y 25 de julio, registró a la trabajadora entrando en un centro educativo, retirando dinero en un cajero de un supermercado Supercor, portando bolsas de la compra, circulando por la autopista A-6 y la avenid a de la Castellana, ingresando al gran almacén El Corte Inglés, tirando una bolsa de basura, tomando una cerveza en una taberna y realizando compras en una farmacia. La empresa argumentó que tales acciones demostraban una violación de la buena fe contractual y una incompatibilidad con la condición de salud diagnosticada.
Decisión del TSJ de Madrid
La Sala de lo Social del TSJ rechazó la teoría empresarial, subrayando que las actividades descritas constituían actos ordinarios de la vida cotidiana y no se había acreditado que agravaran la dolencia ni retrasaran la recuperación. Los médicos de la Seguridad Social mantuvieron la incapacidad hasta septiembre, lo que reforzó la posición del trabajador. Además, el tribunal precisó que para validar un despido disciplinario en estos supuestos es indispensable disponer de pruebas claras, inequívocas e incontestables de fraude o simulación de la enfermedad.
Impacto en la jurisprudencia laboral
Esta sentencia establece un criterio relevante: la mera realización de tareas habituales durante una baja médica no basta para justificar la extensión del contrato. Las empresas deben demostrar de forma fehaciente que el comportamiento del empleado es incompatible con la patología, que perjudica su recuperación o que implica una simulación intencionada. En el caso concreto, el TSJ determinó que la empresa no aportó evidencia suficiente y declaró improcedente el despido, imponiendo una indemnización de 127.274,96 euros más los salarios de tramitación.
Lecciones para empleadores y trabajadores
El fallo recuerda a los empleadores la necesidad de recabar pruebas sólidas antes de iniciar procesos disciplinarios contra personal en incapacidad temporal. Asimismo, alerta a los trabajadores sobre la importancia de conocer sus derechos y la posibilidad de impugnar decisiones arbitrarias basadas en suplantaciones de pruebas. La decisión también refuerza la protección que la normativa laboral brinda a quienes se encuentran bajo tratamiento médico, garantizando que la justicia evalúe con rigor cualquier alegación de fraude.
