Un clima de desconfianza creciente
Las encuestas revelan que la mayor parte de la población española pone en duda la imparcialidad del poder judicial. No se trata de un desencanto puntual, sino de una sensación latente que se ha ido alimentando durante años, mientras diversas decisiones judiciales generan polémica y desconcierto.
Casos emblemáticos que han marcado la percepción pública
Uno de los episodios más citados es la condena por sedición a dos manifestantes que, en una reunión festiva en Barcelona, subieron a un coche de la Policía para pedir a los presentes que se marcharan a sus casas. Ningún tribunal de la UE consideró esa conducta como delito tan grave, y sin embargo, la Fiscalía española la catalogó como rebelión. Otro ejemplo es la condena de un fiscal general del Estado por supuestamente difundir una noticia falsa, aunque nunca se demostró que hubiera manipulado el contenido del correo electrónico involucrado.
Persecuciones judiciales que trascienden lo penal
Más alarmante resulta el proceso contra la esposa del actual presidente del Gobierno, acusado de delitos que cambiaron de naturaleza a lo largo de la instrucción, sin que existieran pruebas claras. La Audiencia Provincial de Madrid permitió que el caso siguiera adelante, incluso después de que la Abogacía del Estado presentara una querella por prevaricación contra el juez que lo llevó. La situación se complicó con la intervención del ministro de Justicia y la aparición de imputaciones que, en última instancia, fueron desautorizadas por el Tribunal Supremo.
Influencia política en la arquitectura institucional
La designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la composición del Tribunal Constitucional también se perciben como actos marcadamente partidistas. Los retrasos deliberados y la falta de criterios meritocráticos refuerzan la idea de que la justicia está sometida a intereses políticos, lo que alimenta la sospecha de un sistema que protege a ciertos sectores mientras persigue a otros.
Consecuencias y riesgos de la desconfianza
Si la ciudadanía no recupera la fe en sus instituciones judiciales, el peligro es una espiral de cinismo y apatía que socava el Estado de Derecho. La justicia, al perder credibilidad, deja de ser árbitro neutral y se convierte en un instrumento de disputa política. Por ello, es urgente que cada parte asuma su responsabilidad, se corrijan los excesos y se establezcan mecanismos claros de rendición de cuentas.
El debate público sobre la imparcialidad judicial ya está abierto, pero la clave está en transformar la indignación en reformas concretas que garanticen la independencia real de los jueces y la transparencia en sus decisiones.
Source: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/desconfianza-justicia_129_13360594.html