Contexto del escándalo mediático
En marzo de 2024, el diario elDiario.es reveló que la Fiscalía acusaba al empresario Alberto González Amador de un fraude fiscal superior a 350.000 euros, empleando facturas falsas. La investigación también señaló que el piso que comparte con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, había sido adquirido con el dinero indudablemente ilícito. La publicación desencadenó una ofensiva de la pareja presidencial contra la prensa, acusando a Hacienda, a la Fiscalía y, sobre todo, a los medios que habían seguido la pista del caso.
El rol de Miguel Ángel Rodríguez
El jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, se convirtió en el principal portavoz de la defensa del empresario. Además de lanzar amenazas verbales contra elDiario.es, bajo el pretexto de “gente de confianza”, canalizó la red de contactos que la administración madrileña mantiene con decenas de medios. En esa función, Rodríguez difundió un bulo que acusaba a dos reporteros de El País de haber acosado a los vecinos de la presidenta e incluso de haber intentado asaltar violentamente la vivienda.
La foto que encendió la polémica
El elemento desencadenante fue la publicación, en varios periódicos y portales de extrema derecha, de una foto que mostraba a los dos periodistas de El País en las inmediaciones del domicilio de la familia Ayuso. La imagen, acompañada de la acusación infundada de acoso, se propagó rápidamente, creando una atmósfera de hostilidad contra la prensa investigadora.
¿Quién envió la fotografía?
Durante la comparecencia de Rodríguez ante el juzgado de Plaza de Castilla en mayo, el propio acusado admitió que la foto no le había sido enviada por un “vecino enfadado”, como había declarado inicialmente, sino por Alberto González Amador. Ese reconocimiento sitúa al empresario en el centro de la cadena de difusión y lo convierte en testigo obligado a aclarar si, de manera deliberada, facilitó la imagen para ser usada como arma de difamación.
El proceso judicial
Tras una denuncia presentada por el PSOE y por los propios periodistas de Prisa, los juzgados inicialmente rechazaron abrir una investigación penal por revelación de secretos. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó esa decisión y ordenó diligencias penales contra Rodríguez por la difusión del material y la calumnia contra los informadores. Ahora, el martes, González Amador comparecerá ante el mismo tribunal para explicar su participación y, de ser necesario, afrontar las consecuencias legales de haber usado la foto como herramienta de presión mediática.
Implicaciones políticas y mediáticas
El caso pone en evidencia la estrecha relación entre la política autonómica y ciertos círculos empresariales, así como la tendencia a recurrir a tácticas intimidatorias contra los periodistas. La audiencia que se espera que ofrezca González Amador será determinante para esclarecer si la entrega de la fotografía fue un acto inocente o parte de una estrategia deliberada para silenciar la investigación periodística.