Contexto del proceso judicial
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha sido citado nuevamente para comparecer ante el juzgado de la Plaza de Castilla. Su misión será aclarar si fue él quien entregó a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, una fotografía que mostraba a dos reporteros de El País mientras se encontraban en las inmediaciones de su domicilio.
Orígenes de la controversia
En marzo de 2024, elDiario.es reveló que la Fiscalía investigaba a González Amador por presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, mediante un entramado de facturas ficticias. Al mismo tiempo, se dio a conocer que la vivienda que comparten con Ayuso habría sido adquirida con el dinero obtenido de esas supuestas irregularidades.
Ante la exposición mediática, la estrategia de Ayuso y su círculo cercano consistió en descalificar a la Fiscalía, a Hacienda y, sobre todo, a los medios que cubrían la investigación. Miguel Ángel Rodríguez asumió la defensa del empresario, desempeñando también la función de enlace con los periódicos y canales de comunicación.
La difusión de imágenes y la campaña de desinformación
Rodríguez utilizó su red de contactos para propagar un rumor que acusaba a los periodistas de El País de acosar a los vecinos del domicilio de la presidenta, incluso a menores. Además, compartió entre varios medios la foto de los dos reporteros, alimentando la narrativa de que habían intentado un asalto violento contra la residencia.
Este material fue reproducido por algunos periódicos y por grupos ultras de extrema derecha, que lo emplearon para atacar a los profesionales de la información. La denuncia iniciada por el PSOE y por los propios periodistas de Prisa originó la apertura de diligencias penales contra Rodríguez, después de que la Audiencia Provincial de Madrid decidiera investigar la posible revelación de secretos.
Declaraciones de Rodríguez y la nueva fase procesal
En mayo, Rodríguez compareció como imputado y alegó que la foto le había sido enviada por “un vecino enfadado” de Ayuso. Sin embargo, durante la audiencia reconoció que el origen había sido Alberto González Amador, quien le remitió la imagen y, a partir de ella, se generó el bulo que circuló por varios canales.
Ahora, el empresario deberá comparecer como testigo obligado, respondiendo a las preguntas del magistrado y explicando con claridad si actuó como intermediario de la difusión.
El caso sigue abierto y constituye una pieza clave para determinar la responsabilidad de la pareja del presidente de la Comunidad de Madrid en la campaña de difamación contra medios de comunicación.