El caso Angrois: una tragedia silenciada
En julio de 2013, el Alvia que cubría la ruta entre Santiago y Madrid se estrelló en la curva de Angrois, provocando la muerte de 80 personas. Fue el accidente ferroviario más mortífero de la democracia española, superando a Adamuz y, hasta hace poco, a Urda. La gestión de la crisis recayó en la Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo, y en el Ministerio de Fomento, encabezado por Ana Pastor.
Aunque la magnitud del siniestro exigía una respuesta política clara, el gobierno regional bajo Feijóo rechazó en tres ocasiones la apertura de una investigación parlamentaria. En su lugar, el partido popular culpó al maquinista por una supuesta velocidad excesiva, ignorando que el sistema de seguridad ERTMS había sido desactivado por decisión política. Las familias de las víctimas fueron excluidas del homenaje oficial, lo que generó una profunda sensación de abandono.
Veto a la investigación y escasa rendición de cuentas
El Parlamento autonómico de Galicia nunca llegó a debatir el suceso, y en el Congreso de los Diputados la ministra Pastor compareció semanas después, sin admitir responsabilidad alguna. Sólo cuando el PP perdió la mayoría absoluta, en 2018, se abrió una investigación parlamentaria, pero para entonces el dolor ya estaba arraigado y las víctimas solicitaron que no se añadiera más sufrimiento.
Urda y la reacción inmediata del PP
Contrariamente, cuando el accidente de Urda se produjo en 2023, Feijóo, ya líder nacional del PP, exigió “responsabilidades políticas” en menos de 24 horas, sin esperar los resultados de la investigación oficial. El portavoz Borja Sémper apuntó directamente a Pedro Sánchez, y el propio Feijóo tachó de “frivolidad” cualquier intento del Gobierno de culpar a un operador de Atocha. La estrategia fue la de crear una comisión de investigación en el Senado, siguiendo el guion utilizado tras Adamuz.
La defensa de Carlos Mazón durante la dana de Valencia
El contraste se agudiza al observar la postura del PP respecto a la gestión de la dana que azotó Valencia en 2021, provocando más de 200 fallecimientos. Feijóo respaldó públicamente al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, pese a que se conocieron mensajes de WhatsApp en los que Mazón mentía sobre su ubicación y actividades durante la crisis. Feijóo le aconsejó “llevar la iniciativa de la comunicación”, una táctica que buscaba controlar la narrativa mediática.
El apoyo del líder del PP permitió a Mazón mantenerse en el cargo durante un año, aunque la presión popular finalmente obligó a su dimisión. Esta defensa prolongada contrasta con la exigencia de dimisiones que el PP plantea ahora contra Óscar Puente y Pedro Sánchez, a tan solo un mes de las elecciones generales.
Conclusiones sobre la doble vara del PP
Los hechos revelan una clara doble medida en la actuación del Partido Popular. Cuando la tragedia ocurre bajo gobiernos de la oposición, la respuesta es la exigencia inmediata de responsabilidades y la apertura de comisiones investigadoras. En cambio, cuando la catástrofe se produce bajo una administración liderada por el PP, la tendencia es a minimizar la culpa institucional, vetar investigaciones y proteger a los responsables políticos.
Esta disparidad no solo afecta la percepción pública del partido, sino que también genera un clima de desconfianza entre la ciudadanía, que espera respuestas transparentes y coherentes ante cualquier desastre, sin importar la afiliación política de los implicados.
