El expresidente valenciano se mantiene firme ante la comisión de la dana
El antiguo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha reiterado su negativa a responder a las preguntas formuladas por los diputados de la comisión de investigación sobre la dana de octubre de 2024. Desde su intervención inicial, pocos días antes de dimitir, Mazón ha sostenido que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya se pronunció y descartó cualquier responsabilidad penal en su contra, lo que, según él, cierra el expediente.
El argumento jurídico como barrera
Durante su reciente comparecencia, el dirigente del Partido Popular valenciano subrayó que, al ser aforado, solo los tribunales pueden juzgar su conducta. "El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado", declaró al iniciar su intervención. Añadió que el TSJ se expresó por unanimidad sin encontrar indicios de culpa, y que cualquier acusación debería dirigirse a la justicia, no a la esfera política.
Acusaciones de falso testimonio y la investigación del Supremo
Mientras Mazón se escuda en la decisión del TSJ, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una revisión para determinar si el expresidente habría incurrido en falso testimonio al declarar ante la comisión. La investigación surge a raíz de una querella presentada por el PSPV, que sostiene que Mazón habría mentido sobre su papel durante la emergencia.
Interpelaciones que rozan lo irónico
Los diputados no tardaron en lanzar preguntas que pusieron en evidencia la contradicción percibida en la defensa de Mazón. El diputado de Podemos, Javier Sánchez, le preguntó si estaba ausente o daba órdenes, a lo que el exmandatario respondió con ironía: "Es metafísicamente imposible estar ausente y dar instrucciones a la vez". Otros parlamentarios, como el de EH Bildu, Mikel Otero, indagaron si Mazón se había puesto al frente de la gestión cuando llegó, a lo que él contestó rotundamente que no.
Rechazo a los grupos de víctimas y la polémica policial
En el transcurso de la sesión, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, denunció que la Policía Nacional impidió a un grupo de víctimas acercarse al Parlamento para expresar su malestar. Asimismo, el diputado de Sumar, Nahuel González, indagó sobre la disposición de Mazón a mantener el contacto con las familias afectadas. El expresidente afirmó haber llamado personalmente a algunas víctimas y haber mantenido su puerta abierta a título personal, aunque reconoció que no se reunió con todas las asociaciones involucradas.
Conclusiones y expectativas
El episodio deja en evidencia la tensión entre la defensa legal de Mazón y la presión política y social para esclarecer la gestión de la dana. Con la Fiscalía del Supremo evaluando la posible falsedad de sus declaraciones, el futuro de la causa aún está por definirse. Mientras tanto, la comisión de investigación sigue recopilando testimonios y documentos que podrían arrojar luz sobre la actuación del gobierno valenciano durante la catástrofe.
