Contexto judicial y fiscal del caso Aldama
El empresario Víctor de Aldama, investigado por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos, ha intentado gestionar la venta de varios automóviles de lujo que se encuentran bajo custodia judicial. Entre ellos destaca un Ferrari F12 de 2013, que según la tasación de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) tiene un valor estimado de 241.613 euros. Aldama solicitó al juez Santiago Pedraz que le permitiera encargarse personalmente de la comercialización, argumentando que una subasta oficial no garantizaría el mejor precio.
La postura de la Agencia Tributaria
Un escrito de la Agencia Tributaria, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza la propuesta del comisionista. La autoridad fiscal señala que la oferta de Aldama es “genérica y sin corroboración objetiva”, pues no incluye una oferta de compra concreta ni datos que justifiquen la conveniencia de una venta directa. En consecuencia, Hacienda se opone a que el propio Aldama actúe como vendedor, insistiendo en que la subasta electrónica, gestionada a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado, es el procedimiento más transparente y eficaz.
Ventajas de la subasta pública
El organismo de recuperación explica que una licitación abierta permite la participación de cualquier interesado que cumpla los requisitos legales, lo que potencialmente eleva el precio de salida más allá de la tasación inicial. Además, el mantenimiento de los vehículos en los depósitos judiciales genera costes para el erario, y una venta rápida evitaría la depreciación que sufre el bien por el tiempo que permanece inmovilizado. La subasta también está diseñada para cubrir posibles multas e indemnizaciones que pudieran derivarse del proceso penal.
Detalles de los activos en juego
Junto al Ferrari, la ORGA ha incluido tres todoterreno Land Rover, cuyo valor total tasado asciende a 200.000 euros. Todos los vehículos están registrados como parte del patrimonio investigado y, según los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, fueron utilizados no solo por Aldama, sino también por su socio Claudio Rivas y la esposa de este, Stella Duarte.
Implicaciones para la defensa de Aldama
En mayo de 2025, la defensa solicitó al juzgado que se suspendieran las subastas, alegando vulneración de la presunción de inocencia y pidiendo que los automóviles se mantuvieran en buen estado de conservación. Sin embargo, la autoridad fiscal mantiene que la medida es necesaria para salvaguardar los intereses del Estado y evitar pérdidas económicas.
En resumen, la disputa gira en torno a la forma más adecuada de disponer de bienes de alto valor vinculados a una investigación de fraude fiscal. Mientras Aldama defiende la idea de una venta privada que, según él, maximizaría el retorno, la Hacienda insiste en la subasta pública como garantía de transparencia y de obtención del mayor beneficio posible para el fisco.