Hacienda se niega a autorizar la venta directa del Ferrari
La Abogacía del Estado ha revelado que la Agencia Tributaria, principal perjudicada en la investigación contra Víctor de Aldama, se opone rotundamente a que el empresario y comisionista gestione por su cuenta la enajenación de sus automóviles de lujo, entre ellos un Ferrari F12 de colección.
Motivos de la objeción
Según el escrito al que tuvo acceso elDiario.es, la defensa de Aldama presentó una propuesta “genérica y sin corroboración objetiva”, sin acompañar una oferta concreta que garantice un importe superior al valor de tasación. La administración fiscal considera que la iniciativa carece de datos verificables que justifiquen la conveniencia de apartarse del procedimiento establecido por la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).
La alternativa oficial: subasta electrónica
El Ministerio de Justicia ha comunicado que los bienes serán puestos a disposición del público a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado. En una subasta abierta, cualquier interesado que cumpla los requisitos podrá participar, lo que permite que el precio de salida sea solo un punto de partida y que las pujas determinen el valor final.
La ORGA, que ya había señalado la necesidad de vender los vehículos para evitar que el erario pierda dinero por su mantenimiento, solicitó a la tasadora Tinsa que evaluara el Ferrari. El informe arrojó un precio de partida de 241 613 euros, mientras que tres Land Rover incluidos en la misma operación suman una valoración total cercana a los 200 000 euros.
Contexto de la causa
El caso gira en torno a una presunta trama de fraude del IVA de 231,7 millones de euros, supuestamente orquestada por Aldama y su socio Claudio Rivas mediante la operadora Villafuel. Además de los automóviles, se investigan los vehículos utilizados por la esposa del socio, Stella Duarte, y por el propio Aldama.
Peticiones de la defensa
En mayo de 2025, la defensa solicitó al juez Santiago Pedraz que se suspendieran las subastas, argumentando que la medida vulneraría la presunción de inocencia del imputado y que los bienes deberían mantenerse bajo custodia y en buen estado. En agosto de 2026, Aldama volvió a pedir encargarse personalmente de la venta, alegando que lograría un precio más ventajoso que el que se obtendría en una licitación pública.
Sin embargo, la Hacienda insiste en que la subasta pública es la vía más transparente y que permite maximizar el retorno económico para cubrir posibles multas e indemnizaciones futuras.
