Una norma controvertida en el Knéset
El Parlamento israelí, conocido como Knéset, aprobó este lunes una legislación que reintroduce la pena capital por ahorcamiento para los llamados “actos de terrorismo”. La votación quedó 68 a favor y 42 en contra, y la definición de terrorismo en el texto es lo suficientemente ambigua como para generar debates sobre su alcance y aplicación.
Detalles de la propuesta y su trasfondo histórico
Hasta 1954, Israel había limitado la pena de muerte a casos de genocidio o traición, y la única ejecución llevada a cabo por el Estado fue la de Adolf Eichmann en 1962. La nueva norma amplía la lista de delitos punibles con la muerte, reviviendo una práctica que había sido prácticamente extinguida durante siete décadas.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Varias ONG, entre ellas la israelí BTselem, han calificado la ley de discriminatoria, argumentando que está redactada para ser aplicada casi exclusivamente a la población palestina, tanto dentro del territorio israelí como en los enclaves ocupados de Cisjordania.
BTselem subraya que los jueces militares, responsables de los procesos contra palestinos, podrían condenar a muerte con una mayoría simple, mientras que las posibilidades de apelación son extremadamente restringidas. Además, la organización señala que el 96 % de los palestinos juzgados por tribunales militares termina con condenas, muchas veces obtenidas mediante confesiones forzadas bajo tortura.
El doble sistema judicial
Según el profesor Ori Aronson, de la Universidad Bar‑Ilan, Israel mantiene dos sistemas judiciales paralelos: uno civil‑penal para sus ciudadanos y residentes, y otro militar para los palestinos de Cisjordania. En el ámbito civil, la pena de muerte solo se aplicaría a asesinatos cometidos en el marco de una acción terrorista que pretenda negar la existencia del Estado. En cambio, en los tribunales militares, la sanción se extendería a cualquier caso de homicidio, afectando únicamente a los residentes palestinos, mientras que los colonos israelíes que cometan actos violentos contra palestinos quedarían fuera de ese alcance.
Reacciones internacionales y denuncias de genocidio
Expertos de la ONU, gobiernos europeos y organizaciones como Human Rights Watch han condenado la medida, calificándola como una herramienta que refuerza la discriminación estructural y un sistema de justicia de dos niveles, características que ellos asocian al apartheid.
La relatora de la ONU ha denunciado que Israel practica torturas sistemáticas contra palestinos, describiéndolas como parte de un proceso genocida. Desde la perspectiva de la comunidad internacional, la ley parece más una respuesta de seguridad que una garantía de justicia, pues reduce el escrutinio judicial y acelera la ejecución de los condenados.
En conclusión, la aprobación de esta legislación intensifica el debate sobre los derechos humanos en la región, plantea serias dudas sobre la igualdad ante la ley y podría profundizar la brecha entre los dos sistemas judiciales que coexisten en los territorios bajo control israelí.
