Unión de fuerzas sindicales exige un salto del SMI
Los principales sindicatos españoles, CCOO y UGT, han anunciado una petición conjunta al Ejecutivo: elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en al menos un 7 % para el próximo ejercicio. Según los portavoces Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), la cifra objetivo rondaría los 1.300 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivaldría a cerca de 1.500 euros en 12 pagas.
Contexto inflacionario y pérdida de poder adquisitivo
El argumento central de la demanda radica en la reciente escalada del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que ha alcanzado casi el 5 % interanual. Los representantes sindicales señalan que la subida del SMI del año pasado, de 3,1 %, no ha sido suficiente para cubrir el desfase de dos puntos entre la inflación y el crecimiento salarial, generando una merma real en los ingresos de los trabajadores con menores remuneraciones.
La agenda del Gobierno y la proximidad electoral
La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha indicado que el Ministerio de Trabajo está trabajando para aprobar la medida antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Se ha activado un grupo de expertos que estudiará la magnitud del ajuste necesario para evitar la erosión del poder de compra y, al mismo tiempo, cumplir con la meta del 60 % del salario medio establecida por la Carta Social Europea.
Huelga general y otras reivindicaciones
El anuncio de la subida del SMI formará parte del programa de la huelga general convocada para el 11 de noviembre, cuyo objetivo principal es exigir el acceso a una vivienda digna. No obstante, los sindicatos también pretenden presionar a la patronal para que se abra el Acuerdo Estatal por la Negociación Colectiva (AENC) y para que se aprueben dos reales decretos pendientes: el refuerzo del registro horario y la reforma de la compensación y absorción de pluses salariales vinculados al SMI.
Obstáculos y expectativas
El registro horario, anunciado inicialmente para septiembre y pospuesto a octubre, sigue sin una fecha definitiva, lo que genera incertidumbre entre los trabajadores. Por su parte, la reforma de los pluses salariales, que no requiere la aprobación del Congreso, se considera un punto crítico para garantizar que el aumento del SMI no se vea socavado por prácticas de compensación indirecta.
En resumen, la presión de CCOO y UGT busca que el Gobierno adopte una política salarial que compense la inflación, mejore la capacidad de consumo y refuerce la protección de los trabajadores más vulnerables, todo ello en un contexto electoral que podría influir en la rapidez de la decisión.
