Situación actual de los arrendatarios
Desde la supresión de la deducción por alquiler de vivienda habitual en 2015, los inquilinos han quedado prácticamente desprovistos de cualquier beneficio fiscal a nivel estatal. Sólo alrededor de 121.000 hogares continúan disfrutando del régimen transitorio, lo que representa menos del 1% de los arrendatarios estimados por el INE. El coste medio de esa ayuda es de 212 euros al año, lo que genera una factura de 25,7 millones de euros para la Hacienda pública.
¿Por qué tan escasa la ayuda?
El borrador del Real Decreto‑Ley que el Ministerio de Vivienda está negociando incluye una propuesta de deducción del 10% del alquiler para jóvenes con ingresos inferiores a 33.007,20 euros, con un techo de 11.630 euros anuales. Sin embargo, la medida está limitada a zonas tensionadas y a un segmento muy reducido de la población, lo que deja fuera a la gran mayoría de los que viven de alquiler.
Beneficios fiscales para los propietarios
En contraste, la última década ha estado marcada por una serie de incentivos tributarios dirigidos a los dueños de inmuebles. Entre ellos destacan la ampliación de la deducción sobre los ingresos por alquiler, la reducción del IVA en la construcción de vivienda protegida y la exclusión de los pisos turísticos del impuesto. Estas ventajas han sido catalogadas por la izquierda como "regalos fiscales" a los propietarios.
Impacto de los incentivos a los dueños
Según datos del Registro de Asesores Economistas Fiscales, los propietarios han recibido incentivos que reducen su carga impositiva y, en algunos casos, les permiten deducir el total de los ingresos percibidos por el alquiler. La lógica del Gobierno es estimular la oferta de alquileres reduciendo los precios, aunque la evidencia muestra que la reducción de precios no se ha materializado de forma significativa.
El debate político y social
El caso emblemático de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada por la gestora Urbagestión, ha puesto de relieve la crudeza de la crisis de la vivienda y ha impulsado la urgencia de medidas de protección. El Ejecutivo busca equilibrar las exigencias de Junts, que pide bonificaciones para propietarios, con la presión de la izquierda, que reclama ayudas concretas para los inquilinos.
Perspectivas a corto plazo
Si el borrador se aprueba, los inquilinos que cumplan los requisitos podrán deducir hasta el 10% del alquiler, pero el número de beneficiarios seguirá siendo limitado. Mientras tanto, los propietarios continuarán disfrutando de un abanico de ventajas que, según críticos, favorecen la especulación inmobiliaria y dificultan la solución del problema de la vivienda asequible.
