Supremo interviene en la normativa de la nacionalidad
El Tribunal Supremo ha dictado una medida cautelar que restringe el derecho al sufragio de más de 300.000 personas que obtuvieron la ciudadanía española mediante la llamada "ley de nietos". La decisión, aún pendiente de revisión de fondo, se basa en la sospecha de que la ampliación del censo electoral podría distorsionar los resultados de las próximas votaciones.
El argumento del peligro electoral
En el auto que justifica la medida, los magistrados afirman que existe un "peligro fundado, real y serio" de que el notable incremento del padrón de electores, provocado por la normativa de 2022, genere un "daño irreversible" en la representatividad democrática. Según los datos presentados, entre las elecciones generales de 2023 y el 1 de julio de 2026 el número de votantes residentes en el exterior habría aumentado en 408.262 personas.
Orígenes de la instrucción de 2022
La controversia gira en torno a una instrucción del Ministerio de Justicia aprobada el 25 de octubre de 2022, cuatro días después de la entrada en vigor de la ley que facilitó la adquisición de la nacionalidad a descendientes de españoles que huyeron durante la Guerra Civil o el franquismo. Dicha instrucción estableció una presunción de exilio para todos los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, con el objetivo de simplificar la carga probatoria para familias que, tras ocho décadas, ya no disponen de documentos oficiales que acrediten persecución política.
Antecedentes y polémica judicial
La misma lógica había sido aplicada en 2008, cuando la primera Ley de Memoria Histórica reconoció el derecho a la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados. En aquel momento, la presunción de exilio también se incorporó al texto y se ejecutó sin mayores sobresaltos. Sin embargo, la instrucción de 2022 fue impugnada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que argumentó que la medida vulneraba la memoria histórica. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la solicitud de paralización cautelar, aduciendo que la medida beneficiaría a miles de solicitantes.
Repercusiones políticas
Partidos como el PP y Vox han aprovechado la polémica para insinuar un supuesto "pucherazo" electoral, alegando que la ley de nietos inflaría ilícitamente el censo exterior. En realidad, la participación de los españoles residentes en el extranjero en las últimas elecciones generales fue de apenas el 10% del padrón, lo que pone en duda la magnitud del supuesto fraude.
El pronunciamiento del Supremo marca el último enfrentamiento entre el Ejecutivo y una facción del poder judicial antes de la apertura del año judicial, y plantea un debate sobre la compatibilidad entre la ampliación de derechos de ciudadanía y la garantía de procesos electorales equilibrados.
