Sánchez insiste en la ausencia de pruebas concluyentes contra Marruecos
Durante su comparecencia ante el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó que, a día de hoy, no existen evidencias sólidas que demuestren la responsabilidad directa de las autoridades marroquíes en la masiva afluencia de personas a Ceuta el pasado 30 de julio. El mandatario explicó que, aunque existen indicios y dudas, la gestión de la crisis debe basarse en datos verificables y no en suposiciones.
Convocatoria de la embajadora marroquí y declaraciones polémicas
El ejecutivo español convocó a la embajadora de Marruecos en Madrid el 21 de agosto, tras escuchar a dos ministros del reino vecino realizar declaraciones que calificó de “inaceptables” respecto a la soberanía de Ceuta y Melilla. Sánchez enfatizó que, pese a la gravedad de esos comentarios, la respuesta del Gobierno se mantuvo prudente, evitando explicaciones simplistas y reservándose el derecho de actuar con contundencia si surgieran pruebas irrefutables.
Informes policiales y del CNI: ¿qué se sabía antes del 30 de julio?
El presidente rechazó la idea de que existieran avisos previos que anticiparan la magnitud del suceso en El Tarajal. Según Sánchez, los informes de la Policía y de la Guardia Civil se limitaron a describir datos rutinarios y no advirtieron de la escala ni de la probabilidad de lo ocurrido. Para demostrar transparencia, ordenó la publicación de esos documentos en un dossier accesible a la ciudadanía.
Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaboró dos informes de situación que fueron compartidos con diversas instituciones. Ambos señalaban un aumento de los cruces por el espigón y recomendaban extremar la precaución. Además, el 29 de julio, poco antes de la crisis, la delegación del gobierno de Ceuta envió una alerta a la Guardia Civil mediante mensajería, advirtiendo de una convocatoria en redes sociales que buscaba cruzar a la ciudad al día siguiente.
Replanteamiento de la cooperación fronteriza
Sánchez dejó claro que la experiencia del 30 de julio obliga a revisar los mecanismos de coordinación y alerta entre España y Marruecos. “Queremos una relación de buena vecindad, pero es evidente que, después de lo ocurrido, esa cooperación tiene que ser diferente”, afirmó el presidente, indicando que se están evaluando nuevos protocolos para evitar la repetición de incidentes similares.
En conclusión, el Gobierno mantiene una postura cautelosa: no se descarta la posible implicación marroquí, pero se exige la existencia de pruebas contundentes antes de tomar medidas drásticas. Mientras tanto, se trabaja en la mejora de los sistemas de vigilancia y en la consolidación de una política de seguridad más robusta en la frontera sur.
