Contexto de la polémica en Ceuta
En los últimos días, la capital norteafricana ha vuelto a ser el epicentro de un intenso debate político en la península. Tras los ataques contra migrantes que se produjeron en la ciudad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) decidió organizar una serie de actos de apoyo y solidaridad para el 2 de septiembre. Sin embargo, la iniciativa fue tomada de manera aislada por la presidenta de la entidad, María José García Pelayo, sin contar con la aprobación de los órganos de gobierno internos ni con el respaldo de la mayoría de los partidos afiliados.
Reacciones de la izquierda y de ERC
Los grupos Socialista, Izquierda Unida‑Compromís‑Comuns‑Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts, reunidos en un comunicado conjunto, han calificado la decisión como una actuación “unilateral” que vulnera los principios de institucionalidad y lealtad que deberían regir la federación. Según sus portavoces, la convocatoria de concentraciones en los ayuntamientos y la entrega de un puesto en la delegación de la FEMP al presidente de Ceuta, Juan Vivas, se realizaron sin la autorización de los representantes de los demás partidos.
Los firmantes subrayan que la solidaridad mostrada por los gobiernos locales en situaciones de crisis está más que demostrada, citando ejemplos como la respuesta a la pandemia de COVID‑19 o la gestión del volcán de La Palma. No obstante, insisten en que cualquier acción de este tipo debe articularse dentro del marco institucional y con el consenso de todas las fuerzas políticas involucradas.
Acusaciones al Partido Popular
En el mismo documento, los cuatro partidos señalan al Partido Popular (PP) como un actor que se ha apartado del funcionamiento democrático de la federación para “hacer un uso partidista de la institución”. Según ellos, el PP habría evitado condenar de forma clara los ataques a los migrantes y, al mismo tiempo, habría favorecido la agenda de la presidenta de la FEMP sin someterla a la deliberación colectiva.
Exigencias y llamado a la rectificación
Los portavoces exigen a García Pelayo que rectifique las decisiones adoptadas y que ajuste su actuación a los valores de institucionalidad y lealtad hacia el resto de los grupos políticos y los gobiernos locales afiliados a la FEMP. Asimismo, solicitan que cualquier futura iniciativa relacionada con Ceuta sea consensuada y aprobada por los órganos de gobierno de la federación, garantizando así la participación equitativa de todas las formaciones.
El debate se enmarca dentro de una atmósfera de creciente polarización en la política española, donde la gestión de crisis humanitarias y la respuesta a situaciones de vulnerabilidad se convierten en terrenos de disputa entre partidos. La izquierda y ERC buscan, con su reclamo, reforzar la idea de que la solidaridad no debe ser instrumentalizada con fines partidistas, mientras que el PP se mantiene firme en su postura, evitando una condena explícita a los hechos violentos ocurridos en Ceuta.
En definitiva, la controversia pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos claros de coordinación y consulta dentro de la FEMP, de modo que las decisiones de gran relevancia institucional cuenten con el apoyo amplio de sus miembros y no se perciban como acciones aisladas de una sola autoridad.