Un veredicto histórico contra el exmandatario ecuatoriano
El pasado viernes la Corte Nacional de Justicia de Ecuador emitió una sentencia que sacudió los cimientos de la política nacional: Lenín Moreno, quien dirigió el país entre 2017 y 2021, fue hallado culpable de cohecho y recibió la pena máxima de cinco años de prisión. Además, el tribunal decretó su incapacidad perpetua para ejercer cualquier cargo público, marcando un precedente sin precedentes en la lucha contra la corrupción en la región.
Los hechos que desencadenaron el proceso
Según la acusación, la empresa china Sinohydro pagó sumas millonarias a un círculo empresarial estrechamente ligado al mandatario, con el objetivo de asegurar el financiamiento de la central hidroeléctrica Coca‑Codo Sinclair, la más grande de Ecuador, cuyo proyecto ascendió a 76 millones de dólares. De ese total, más de un millón habría sido destinado a sobornos que beneficiaron a Moreno, a su esposa Rocío González, a su hija Irina y a varios parientes cercanos.
Los magistrados señalaron que, cuando Moreno se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa (2007‑2017), utilizó su posición para intervenir en decisiones ajenas a sus competencias y favorecer a la compañía china, garantizando así la viabilidad del megapuente energético.
Repercusiones para la familia y los cómplices
La condena no se limitó al ex presidente. Veinte personas más fueron procesadas, entre ellas su cuñada Marta González, el empresario Conto Patiño y el exembajador chino Cai Runguo, quienes también recibieron cinco años de reclusión. La esposa y la hija de Moreno, junto a otros familiares, fueron sentenciadas a dos años y medio de cárcel y deberán devolver el triple de lo percibido, aproximadamente 58.026 dólares. Los demás condenados afrontarán multas que oscilan entre el doble y el triple de los montos recibidos.
Reacciones y posibles apelaciones
Lenín Moreno ha negado rotundamente cualquier vínculo económico con Sinohydro, alegando que la causa fue una maniobra de su predecesor Rafael Correa para vengarse. Aseguró que nunca recibió ni un centavo de la empresa y que la investigación fue fabricada con fines políticos.
La sentencia también impone la suspensión de los derechos de participación durante el cumplimiento de la pena y obliga a los condenados a emitir disculpas públicas. Aunque la decisión corresponde a primera instancia, tanto Moreno como los demás implicados pueden presentar recursos de apelación ante instancias superiores.
Este caso pone de relieve la complejidad de los entramados de poder en América Latina y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que intereses externos influyan en proyectos estratégicos nacionales.