Extensión de la licencia de la central nuclear Almaraz
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden TED/864/2026, que ratifica la autorización para seguir explotando las unidades I y II de la planta situada en Cáceres. La medida, oficializada el 12 de agosto, surge tras el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 16 de julio y permite que Almaraz continúe operando hasta el año 2030, superando la fecha de cierre prevista inicialmente para 2027‑2028.
Motivos que sustentan la prórroga
Según las fuentes del Ministerio, la decisión se sustenta en tres pilares esenciales: la seguridad radiológica, la garantía de suministro eléctrico y la ausencia de costes adicionales para los consumidores. Además, el Ejecutivo ha señalado que la coyuntura internacional, marcada por el conflicto en Oriente Medio y la interrupción del estrecho de Ormuz, ha disparado la volatilidad de los precios del gas y del petróleo, generando incertidumbre en los mercados energéticos.
Ante este escenario, las autoridades consideran que mantener operativa una instalación nuclear de 2 GW contribuye a estabilizar la factura de la luz y a mitigar los picos de precios que podrían afectar a los hogares y a la industria.
Repercusiones en la estrategia energética española
La ampliación de la vida útil de Almaraz se inserta en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que contempla el cierre escalonado de los reactores españoles hasta 2035. Sin embargo, al prolongar la actividad de Almaraz hasta 2030, se genera una presión sobre el calendario de clausura de otras centrales, como Ascó I y Cofrentes, cuya puesta fuera de servicio estaba prevista para el mismo año. La consecuencia sería la pérdida súbita de más de 4 GW de capacidad instalada, lo que podría comprometer la seguridad del suministro si no se avanza con la incorporación de renovables y sistemas de almacenamiento.
Condiciones y reacciones de los actores involucrados
El Gobierno ha reiterado que la extensión se concede sin concesiones fiscales a las compañías propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy). Las empresas habían solicitado reducciones impositivas, pero la administración ha descartado cualquier rebaja, argumentando que la medida no implica un coste extra para la ciudadanía.
Por su parte, el CSN ha certificado que la operación de la planta sigue siendo segura desde el punto de vista radiológico y estructural. Organizaciones ecologistas, aunque reconocen la necesidad de garantizar la estabilidad del suministro, siguen presionando para que la transición hacia fuentes renovables se acelere y se reduzca la dependencia de la energía nuclear.
En síntesis, la prórroga de Almaraz refleja una respuesta puntual a una crisis energética internacional, pero también plantea interrogantes sobre la planificación a largo plazo del mix energético español y la velocidad con la que se implementarán alternativas más limpias.