Declaraciones del secretario general del PP
En una rueda de prensa que tuvo lugar este martes, Miguel Tellado, líder del Partido Popular, manifestó su firme oposición a que las comunidades autónomas gobernadas por su formación reciban a los menores que ingresaron de forma irregular en Ceuta procedentes de Marruecos. Ante la pregunta directa de los periodistas sobre la obligación legal de atender a esos niños y adolescentes, el dirigente evitó la respuesta concreta y, en su lugar, describió la situación como una "crisis de seguridad nacional".
Tellado sostuvo que la prioridad del Ejecutivo debe ser obligar a los inmigrantes que cruzaron la frontera a regresar por el mismo paso habilitado entre España y Marruecos. Según sus palabras, la llegada de casi 80.000 personas a la ciudad autónoma no constituye una "crisis migratoria", sino un desafío de orden interno que compete al Ministerio del Interior y al de Defensa.
Crítica a los responsables del interior y la defensa
El secretario general también aprovechó la ocasión para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, argumentando que ambos no anticiparon los movimientos migratorios que se gestaron en Marruecos días antes de la masiva travesía. Según Tellado, los altos cargos disponían de información suficiente para prevenir la avalancha de personas que hoy se encuentran en Ceuta.
Respuesta del Gobierno y la partida extraordinaria
Simultáneamente, el Ejecutivo anunció la asignación de 25 millones de euros en una partida extraordinaria destinada a la atención de los menores que están en la ciudad autónoma. La ministra de Seguridad Social y Migraciones subrayó la responsabilidad de las comunidades, la mayoría bajo control del PP y algunas en coalición con Vox, para acoger y proteger a esos menores.
Esta medida se enmarca dentro de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería aprobada en marzo de 2025, que introdujo un sistema obligatorio de reparto de menores en territorios declarados en "contingencia migratoria". Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, el Gobierno ha tramitado alrededor de 2.000 expedientes de niños y niñas procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
Implicaciones políticas y sociales
El debate ha reavivado la tensión entre la gestión de la seguridad fronteriza y la obligación humanitaria de proteger a menores vulnerables. Mientras el PP insiste en que la solución pasa por la devolución de los inmigrantes, el Gobierno central defiende la necesidad de recursos financieros para garantizar una atención adecuada y evitar situaciones de abandono.
En este contexto, la polémica pone de relieve la complejidad de equilibrar la seguridad nacional con los derechos de los menores, un dilema que seguirá alimentando la agenda política en los próximos meses.