La Comunidad de Madrid lleva el caso al Tribunal Supremo
El gobierno autonómico, bajo la dirección de Isabel Ayuso, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con el objetivo de suspender el decreto que contempla la regularización extraordinaria de cerca de medio millón de personas. En el escrito, la administración argumenta que no existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de individuos, y que la medida provocaría un desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas de la región.
Argumentos centrales del recurso
El recurso destaca dos pilares principales: el posible colapso de la vivienda pública y la saturación del sistema sanitario. Según el documento, la concesión simultánea de permisos de residencia y trabajo generaría una demanda inesperada de alojamientos, los cuales ya se encuentran escasos y sujetos a problemas de ocupación. La comunidad señala que la presión sobre los cupos, baremos y listas de asignación de viviendas públicas generaría una distorsión que el aparato administrativo no está preparado para gestionar.
En materia de salud, el escrito subraya que la regularización implica la entrega de la Tarjeta Sanitaria Individual, lo que obliga a asignar un centro de salud y un profesional a cada nuevo residente. Este proceso, según el gobierno, supondría un “cambio cualitativo” que la red sanitaria no ha dimensionado ni programado, incrementando la carga de trabajo de los hospitales y centros de atención primaria.
Contexto político y social
El recurso llega en un momento de intensa polarización. Junto a la demanda de la Comunidad de Madrid, están presentes ante el Tribunal escritos presentados por Vox, la organización ultracatólica HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, grupos que también critican la regularización masiva. Todos ellos solicitarán que el decreto sea suspendido sin entrar al fondo de la cuestión.
La iniciativa que dio origen al decreto contó con el respaldo de más de 700.000 firmas y plantea que cualquier persona en situación irregular sin antecedentes penales, que haya llegado antes del 1 de enero de 2026 y haya permanecido al menos cinco meses, pueda regularizar su situación. Asimismo, se incluye a los solicitantes de asilo que hayan registrado su demanda antes de esa fecha.
Desafíos en la vivienda y la sanidad
El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid ha experimentado un notable aumento en los últimos años, mientras que el Ejecutivo de Ayuso se ha negado a declarar zonas tensionadas ni a aplicar la ley estatal que obligaría a medidas de contención de precios. Desde 2019, casi 10.000 viviendas han perdido la calificación de protección, pasando al mercado libre. Aunque el gobierno anuncia la incorporación de 3.200 viviendas al Plan Vive de alquiler asequible y la reducción de impuestos, no existen planes concretos para frenar la escalada de los precios.
En el ámbito sanitario, la regularización masiva implicaría la ampliación de la cobertura a través de la Tarjeta Sanitaria Individual, lo que conlleva la asignación de un centro de atención y la gestión de citas médicas para un número potencialmente elevado de nuevos usuarios. El recurso advierte que este salto cualitativo no ha sido previsto en los presupuestos ni en la planificación de recursos humanos.
En definitiva, la petición de la Comunidad de Madrid al Tribunal Supremo se centra en la necesidad de evitar una sobresaturación de los recursos públicos antes de que la regularización se lleve a cabo. El futuro de la medida dependerá de la decisión de los magistrados el próximo 22 de mayo.
