Resumen del caso Mascarillas en Almería
El antiguo dirigente del Partido Popular en Almería, Javier Aureliano García, ha ejercido su derecho a permanecer en silencio ante el juzgado que investiga el llamado caso “Mascarillas”. La causa se centra en una supuesta red de adjudicaciones irregulares de obras y suministros sanitarios, con el objetivo de obtener comisiones ilícitas a través de la Diputación Provincial.
Procedimientos y comparecencias
El viernes pasado, Aureliano llegó a la Ciudad de la Justicia a las 9:10, ingresó por la entrada principal y, tras ser captado por los focos de la prensa, se marchó una hora después sin responder a los interrogatorios. Su defensa, encabezada por el abogado Joaquín Monterreal, recordó que el político ya había ofrecido declaración en noviembre de 2025, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) lo detuvo. Desde entonces, según el representante legal, no ha surgido ningún elemento nuevo que obligue a una nueva comparecencia.
Argumentos de la defensa
El equipo jurídico sostiene que, durante la anterior entrevista, el ex presidente aclaró el origen de los ingresos en efectivo que utilizaba, explicando que procedían de varios alquileres familiares gestionados por su hermana y que habían sido declarados ante Hacienda en sus declaraciones de la renta. Monterreal subrayó que la ausencia de testimonio en esta ocasión no implica ocultamiento de pruebas, sino una espera a la remisión de los informes de los registros y los análisis de los dispositivos tecnológicos interceptados por la Guardia Civil.
Reacciones de la acusación
Por su parte, la parte acusadora, integrada por el PSOE y liderada por el fiscal Javier Salvador, calificó la falta de cooperación de varios investigados —incluidos los dos hermanos del ex presidente, un funcionario del Área de Fomento y un empresario— como un obstáculo, pero resaltó que los testimonios obtenidos han permitido dibujar un mapa de la supuesta estructura criminal. Según la acusación, bajo la dirección de Aureliano se habría configurado una “pequeña taifa” que, aprovechando la emergencia sanitaria, buscó lucrarse con la compra de material sanitario a través de contratos adjudicados por la Diputación.
Perspectivas y próximos pasos
Los fiscales insisten en que la enorme cantidad de documentación recabada “hablará por sí misma” y será determinante para esclarecer si existieron verdaderas irregularidades o simplemente coincidencias. Mientras tanto, la defensa aguarda la entrega de los informes técnicos para decidir si es necesario ofrecer aclaraciones adicionales.
El caso continúa generando expectación en la ciudadanía de Almería, que sigue atenta a los desenvolvimientos judiciales y a las posibles repercusiones políticas que pueda acarrear la investigación.