Una investigación que sacude al centro del poder socialista
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado un atestado que señala a Santos Cerdán, antiguo secretario de organización del PSOE, y a Leire Díez como los máximos responsables de una supuesta red destinada a desestabilizar procesos judiciales que pudieran afectar al partido y al Gobierno. Según el informe, el objetivo esencial del grupo era «desestabilizar» causas que, directa o indirectamente, incidieran en miembros del PSOE, empleando recursos del propio partido para financiar su actividad ilícita.
El papel de Cerdán dentro de la supuesta estructura criminal
El documento de la UCO describe a Cerdán como el cerebro que ponía a disposición del entramado la infraestructura del PSOE: desde locales para reuniones hasta vehículos de alquiler y pagos en efectivo. Se afirma que utilizó su posición para legitimar la utilización de la sede del partido, así como para canalizar fondos a través de facturas falsas y terceros, entre los que destaca una empresa vinculada a Gaspar Zarrías.
Leire Díez, la ejecutora operativa
Leire Díez, descrita como la figura ejecutiva, habría cobrado varios pagos —un total de 16.000 euros en cuatro abonos— mediante la empresa de Zarrías y otras vías opacas. Además, se le habría asignado la tarea de recabar información de jueces, fiscales y cuerpos policiales para «desestabilizar» causas judiciales que pudieran comprometer al PSOE.
Los registros y la evidencia recogida
La operación, iniciada hace una semana, incluyó allanamientos en la vivienda de Cerdán en Milagro (Navarra), en la casa de Gaspar Zarrías en Madrid y en la sede central del PSOE. En la casa de Cerdán se incautaron documentos, teléfonos móviles y portátiles, mientras que en otras propiedades se halló una considerable cantidad de efectivo, cerca de 20.000 euros, y documentación que supuestamente vincula a los investigados con la trama.
Declaraciones y derechos de los implicados
Ante los agentes, la mayoría de los sospechosos, incluido Cerdán, se acogieron al derecho de guardar silencio. Solo el empresario Javier Pérez Dolset colaboró, admitiendo su papel como «fuente de información» para la red y reconociendo su apoyo a Leire Díez.
Contexto político y posibles motivaciones
El atestado menciona que la operación se activó poco después de que el presidente Pedro Sánchez enviara una carta a la ciudadanía, tras la imputación a su esposa. Los investigadores suponen que esa denuncia pudo haber desencadenado la puesta en marcha del supuesto entramado, con la intención de obtener información estratégica y neutralizar investigaciones en curso, como el caso Villarejo.
El caso sigue abierto y será la Audiencia Nacional la que evalúe la gravedad de los cargos y determine las posibles consecuencias para los implicados.
