Un paro colectivo que se extiende desde la Comunitat Valenciana hasta Madrid
Los sindicatos CCOO, UGT y la confederación de familias Confapa, acompañados por la agrupación docente Menos Lectivas y el sindicato CGT, han anunciado la convocatoria de una huelga educativa indefinida que comenzará con el arranque del próximo curso lectivo en la Comunidad de Madrid. La iniciativa surge tras el eco de las movilizaciones de las maestras de infantil en la capital y de la huelga prolongada en la Comunitat Valenciana, donde los educadores ya llevan dos semanas en paro.
Motivaciones y reivindicaciones
El motor de la protesta radica en la discrepancia entre la riqueza del entorno madrileño y la escasa inversión en sus centros escolares. Los docentes exigen una subida salarial que cubra la brecha existente respecto a la media nacional, reducción de la carga lectiva —de 25 a 23 horas en infantil y primaria, y de 20 a 18 en secundaria—, y la caída de los ratios alumno‑profesor, sobre todo para atender la diversidad. Asimismo, solicitan la modernización de infraestructuras, la eliminación de la burocracia excesiva y la garantía de plazas públicas en la Formación Profesional.
Proceso de decisión y coordinación sindical
La asamblea de CCOO, con la participación de 280 representantes, aprobó por unanimidad el recurso a la huelga indefinida. Menos Lectivas, que tomó conocimiento de la convocatoria al final de su reunión, también acordó sumarse, mientras que CGT se sumará al paro general a partir de septiembre, una fecha que permitirá consolidar la unidad entre los diferentes gremios.
Impacto esperado y desafíos
Los sindicatos pretenden que la presión colectiva supere la falta de recursos y desencadene una negociación sólida con la administración regional. Señalan que la escasez de financiación afecta directamente a la atención a la diversidad, al acoso escolar y a la atención de necesidades especiales, áreas que requieren una inversión sostenida. La meta a medio plazo es lograr un acuerdo que incluya una mayor dotación económica para el sector público, garantizando así una educación de calidad y equitativa.