Objetivo principal y presupuesto
El Gobierno ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2024‑2030 con un objetivo ambicioso: destinar 7.000 millones de euros a la vivienda hasta 2030, lo que supone triplicar la inversión del periodo anterior. De esa cifra, un 40 % (2.800 millones) se canalizará exclusivamente a la construcción y puesta en marcha de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y a la habilitación de inmuebles vacíos.
Financiación compartida
El esquema de financiación es mixto: el Estado aportará el 60 % del total y las comunidades autónomas deberán cofinanciar el 40 %. Esta regla se extiende a todas las partidas del plan, desde la rehabilitación energética hasta las ayudas directas a familias vulnerables.
Condiciones impuestas a las comunidades autónomas
Para acceder a los recursos, las regiones deben cumplir una serie de requisitos que el Gobierno ha definido como indispensables. Entre ellos, la obligación de proporcionar datos en tiempo real sobre los contratos de arrendamiento mediante el registro de fianzas, lo que permitirá monitorizar precios, rotación y disponibilidad de alquileres de forma trazable.
Además, se incluye una cláusula antifraude que exige que todas las viviendas adquiridas o construidas con fondos del Plan sean adjudicadas con criterios objetivos, medibles y transparentes. La normativa también contempla la creación de la empresa pública Casa 47, encargada de gestionar la construcción de vivienda pública a nivel estatal y autofinanciarse con recursos propios.
Distribución territorial de los recursos
El reparto de los 7.000 millones varía según la población y las necesidades de cada comunidad. Andalucía recibirá el mayor presupuesto, alrededor de 1.197 millones, seguida de Madrid con 1.113 millones y Cataluña con 1.015 millones. Cada región deberá aportar el 40 % de la cuantía asignada, lo que se traduce en inversiones significativas para sus administraciones.
Inversión en rehabilitación y ayudas complementarias
Un 30 % del total (2.100 millones) se destinará a la rehabilitación de viviendas existentes, mejorando su eficiencia energética y su habitabilidad. El resto de la partida financiará ayudas de hasta 8.000 euros para intervenciones estructurales, 13.000 euros para adaptar la accesibilidad, y subvenciones a propietarios que cedan sus inmuebles al alquiler asequible.
Se contemplan también medidas para dinamizar el mercado en municipios con menos de 10.000 habitantes, con el fin de repoblar zonas rurales, y ayudas específicas para familias en situación de vulnerabilidad y para víctimas de violencia machista.
Reacciones y controversias
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha calificado el plan de “invasión de competencias”, argumentando que las exigencias del Estado limitan la autonomía regional. El consejero de Vivienda de Madrid sostuvo que la aprobación del presupuesto quedará pendiente de la conferencia sectorial de presidentes autonómicos prevista para mayo.
Aunque la oposición de la región madrileña representa la primera disidencia, otras comunidades podrían ajustar sus negociaciones para asegurar la financiación sin comprometer sus atribuciones.