Contexto del caso

El Tribunal Supremo confirmó que el ex fiscal general debe abonar 39.009 euros en concepto de honorarios al abogado y a la procuradora que representaron a Alberto González Amador, ex pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La defensa de Álvaro García Ortiz, quien fue el fiscal responsable, ha interpuesto un recurso contra el decreto que fijó dicha cantidad, argumentando que la tasación es desproporcionada y que incluye trámites ya descartados.

Desfase entre la acusación y la sentencia

Según la defensa, la letrada de la administración de justicia aprobó la minuta sin ponderar la diferencia entre las pretensiones iniciales de la acusación particular y lo resuelto finalmente por la Sala. Mientras la parte acusadora solicitó cuatro años de prisión y una multa de 108.000 euros por un delito agravado de revelación de secretos (artículo 417.2 del Código Penal), el Supremo desestimó la pena privativa de libertad y condenó al tipo básico (artículo 417.1) con una multa de 7.200 euros e inhabilitación. En el plano civil, la demanda pedía 300.000 euros de indemnización, pero la sentencia concedió apenas 10.000 euros por daño moral.

Costas que superan la indemnización

La Abogacía del Estado señala que los 38.500 euros aprobados representan el 385,08 % de la indemnización reconocida, lo que, a su juicio, implica trasladar a García Ortiz el coste total de una actividad acusatoria que quedó sin efecto durante el proceso. Además, denuncia una contradicción: se excluyeron de la tasación los honorarios de recursos de reforma, apelación y súplica, declarados de oficio, para luego utilizarlos como argumento de complejidad y justificar el importe restante.

Desglose de partidas cuestionadas

Entre los conceptos que la defensa califica como excesivos se encuentran 756,54 euros por un recurso de reforma que la propia acusación desistió al día siguiente de registrarlo, 183,73 euros por solicitar acceso técnico a la plataforma judicial Horus y 367,46 euros por un escrito de una página para pedir metadatos de un archivo Word, desestimado por el instructor y la Sala. Asimismo, se cuestionan 2.377,14 euros por dos escritos de conclusiones provisionales, cuando el segundo era prácticamente idéntico al anterior y solo eliminaba el nombre de la fiscal superior Pilar Rodríguez.

Petición de la defensa

El recurso solicita a la Sala Penal que fije los honorarios en 4.240 euros, de acuerdo con el desglose elaborado por la Abogacía del Estado, o, en su defecto, una cantidad proporcional. También se pide la suspensión de la ejecución del pago mientras se resuelve la impugnación.

Source: https://www.eldiario.es/politica/ex-fiscal-general-impugna-pago-39-000-euros-costas-gonzalez-amador-acusacion-sobredimensionada_1_13673080.html

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