Contexto del expediente sancionador
El pasado 22 de octubre, la Asamblea de Madrid fue escenario de un intercambio polémico entre la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada de Más Madrid, Jimena González. Durante su intervención, González aludió a la acampada de la Puerta del Sol como una manifestación “totalmente pacífica y cívica” en defensa del derecho a una vivienda digna. En tono irónico, preguntó a la mandataria si preferiría que los manifestantes optaran por la "vía francesa", insinuando una posible incursión violenta en la sede del Ejecutivo regional. El Partido Popular interpretó esas palabras como una alusión a la quema de la Real Casa de Correos, lo que desencadenó la apertura de un expediente sancionador.
Reacción del Partido Popular
El PP, a través de un escrito presentado tras la sesión plenaria, denunció que la diputada habría incitado a la violencia al sugerir que los protestantes podrían prender fuego a la Casa de Correos. El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, calificó las expresiones como “extremadamente graves” y advirtió que podrían constituir una incitación directa a actos delictivos. En consecuencia, solicitó a González que retirara sus comentarios, petición que la parlamentaria no atendió, lo que reforzó la postura del bloque conservador y motivó la tramitación del expediente bajo el artículo 33.3 del Reglamento de la Asamblea.
Defensa de Más Madrid
Más Madrid rechazó rotundamente la interpretación del PP, argumentando que las palabras de González fueron meramente irónicas y sacadas de contexto. La portavoz Manuela Bergerot sostuvo que la diputada nunca propuso quemar la Casa de Correos, sino que utilizó una metáfora para criticar la intolerancia de la presidenta ante una protesta pacífica. El partido acusó a los populares de “hiperventilar” la declaración y de intentar criminalizar la protesta social, recordando que la movilización en la Puerta del Sol buscaba visibilizar la crisis de la vivienda en la capital.
Procedimiento y posibles sanciones
El expediente será instruido por la diputada del PP, María Josefa Martínez de la Fuente, quien garantizará el derecho a audiencia y defensa de González. Entre las sanciones previstas se encuentran el apercibimiento o la suspensión de ciertos derechos parlamentarios durante un máximo de 30 días. De confirmarse la infracción, sería el tercer expediente de este tipo abierto en la actual legislatura, sumándose a los casos de Rocío Monasterio (Vox) y Pablo Padilla (Más Madrid) que ya fueron sancionados por conductas consideradas contrarias a la disciplina y el orden de la Cámara.
El debate sobre los límites de la libertad de expresión dentro del ámbito legislativo vuelve a cobrar protagonismo, mientras la ciudadanía observa cómo se resuelven los conflictos entre la crítica política y la supuesta incitación a la violencia. La controversia pone de relieve la tensión entre la defensa de los derechos sociales y la necesidad de mantener el respeto institucional en el seno de la democracia madrileña.
