Un impulso de 200 millones para la vivienda social
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado una inyección de 200 millones de euros destinada a que promotores privados construyan hasta 2.500 unidades habitacionales en terrenos públicos. La medida forma parte del programa Casa 47, que busca ampliar la oferta de alquileres asequibles en distintas regiones del país.
Condiciones estrictas para garantizar la asequibilidad
El decreto de vivienda, aprobado el 8 de octubre, incluye un artículo que obliga a los operadores privados a respetar que el gasto del inquilino no supere el 30 % de sus ingresos familiares. Además, se prohíbe que cargos adicionales –como garajes, trasteros, cuotas de comunidad o tarifas de basuras– eleven el coste total por encima de ese umbral. De este modo, el Estado mantiene el control sobre la rentabilidad del alquiler sin delegar la gestión completa al sector privado.
Extensión de los plazos de ocupación
Otra novedad importante es la ampliación de las concesiones administrativas: los arrendatarios podrán permanecer en las viviendas públicas durante un máximo de 75 años, frente a los 30 años que se permitían anteriormente. Esta ampliación brinda mayor estabilidad a las familias y refuerza la función social del parque inmobiliario.
Distribución de la ayuda mediante licitaciones individuales
Los 200 millones se asignarán a través de licitaciones separadas para cada proyecto, en lugar de un único paquete global. Esta estrategia pretende evitar la concentración de fondos y fomentar la competencia entre constructores, garantizando que cada iniciativa cumpla con los requisitos de calidad y precio.
Casa 47: antecedentes y proyecciones
Casa 47, entidad pública creada en 2025, ya cuenta con 800 viviendas disponibles en su portal y tiene como objetivo incorporar más de 1 500 unidades antes de que finalice el año. Su origen se remonta a la absorción de 40 000 viviendas y 2 400 solares provenientes de la Sareb, el llamado “banco malo”, con capacidad para albergar a 55 000 familias adicionales. Gran parte de estos inmuebles sigue en fase de absorción, lo que significa que aún no forman parte del parque activo de la empresa.
Entre los planes futuros, Casa 47 prevé la construcción de 20 000 viviendas en suelos militares, distribuidas entre Madrid, Valencia, Sevilla y Valladolid. Asimismo, se han incorporado terrenos penitenciarios e infraestructuras para edificar 1 332 viviendas protegidas y asequibles en comunidades como Madrid, Andalucía, Aragón y la Comunitat Valenciana.
Con estas iniciativas, el Gobierno pretende no solo ampliar la oferta de alquileres a precios razonables, sino también asegurar que los hogares no destinen una proporción excesiva de sus recursos económicos al pago del alquiler, contribuyendo así a una mayor cohesión social y a la reducción de la presión sobre el mercado inmobiliario.