Una historia que no debe repetirse
El fallecimiento de Maricarmen, una anciana de 87 años con una discapacidad del 50%, ha encendido la polémica sobre los desahucios en España. Tras cuatro intentos de expulsión de su hogar, uno de ellos efectivo, su muerte se ha convertido en símbolo de la violencia estructural que sufren los sectores más vulnerables.
El contexto de un mercado deshumanizado
El texto denuncia un modelo de turbocapitalismo que mercantiliza todo, desde la vivienda hasta la salud, la educación y hasta el propio aire. En este escenario, los bienes esenciales dejan de ser derechos y pasan a ser instrumentos de lucro para las grandes fortunas, mientras la clase trabajadora ve erosionados sus recursos.
Una guerra ideológica contra la pobreza
Según el autor, la narrativa dominante culpa a los pobres de todos los males sociales. Migrantes, inquilinos que no pueden pagar alquileres exorbitantes, pensionistas, desempleados y estudiantes son señalados como responsables de la supuesta “dilapidación” del dinero público. Esta estrategia de desvío de responsabilidad sirve para ocultar la verdadera causa: la concentración de la riqueza y la falta de políticas habitacionales efectivas.
Responsabilidad estatal y autonómica
El artículo subraya que las comunidades autónomas tienen competencias en materia de vivienda, pero muchas han favorecido la especulación y el saqueo de fondos buitre. Además, el Gobierno central, con ocho años de mandato, no ha tomado medidas decisivas para frenar el rentismo ni para garantizar la vivienda como derecho básico. La falta de legislación que impida la transformación de la vivienda en activo financiero se señala como una omisión grave.
¿Qué se necesita para cambiar la situación?
Se propone una reforma legal que limite la función de la vivienda a la de proporcionar un techo, excluyendo su uso como vehículo de inversión especulativa. La idea es que quienes busquen altas rentabilidades lo hagan en sectores productivos, no en un derecho humano esencial. La movilización ciudadana y la presión social son presentadas como herramientas para obligar a los poderes públicos a actuar.
En definitiva, la muerte de Maricarmen no es un caso aislado, sino el reflejo de una política de abandono y de privilegio de los más poderosos. La urgencia de transformar la vivienda en un bien colectivo, protegido por la ley, se vuelve imperativa para evitar que más historias como la suya se repitan.
Source: https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/desahucio_129_13576586.html