Vox denuncia un sistema de pensiones "zombi"
José María Figaredo, responsable económico de Vox, describió el actual modelo público de pensiones como un "zombi" y afirmó que lleva treinta años sin recibir ninguna medida correctora, pese a que el Congreso ha aprobado varias reformas durante ese periodo. Según el diputado, el esquema de reparto está "quebrado" y necesita una transformación profunda hacia un modelo mixto que combine la solidaridad del reparto con la capitalización individual.
La postura del Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió con un mensaje de "absoluta tranquilidad", defendiendo la "extraordinaria salud" del sistema de pensiones. Sánchez acusó a Vox y al Partido Popular de sembrar miedo y de anticipar un "modelo de recortes" que vulneraría la protección social de los jubilados.
Reformas que Vox ignora
El discurso de Vox omite deliberadamente las reformas aprobadas desde 2011. La reforma de 2011 elevó progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años y amplió el periodo de cálculo de los últimos 15 a 25 años cotizados. En 2013, el PP impulsó una reforma que introdujo un "factor de sostenibilidad" vinculado a la esperanza de vida, aunque nunca llegó a aplicarse. Posteriormente, el Gobierno progresista, a partir de 2021, volvió a atar el incremento de las pensiones al IPC y aumentó los ingresos mediante mayores cotizaciones, especialmente de los salarios más altos, además de crear incentivos para retrasar la jubilación.
La propuesta de Vox
Figaredo aboga por una "reforma estructural" que convierta el sistema en un modelo mixto, similar al de algunos países europeos que combinan reparto y capitalización individual. En la visión de Vox, la parte de capitalización permitiría a cada trabajador acumular una pensión privada, mientras que el Estado mantendría una cobertura mínima para los más vulnerables. El partido sostiene que el gasto en pensiones, la deuda pública y los costes salariales son factores que limitarán el crecimiento futuro.
Impacto político y social
La declaración de Vox ha generado un intenso debate en la sociedad española. Por un lado, sus seguidores consideran que la privatización es la única salida para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Por otro, sindicatos y organizaciones de la tercera edad advierten que una mayor dependencia del mercado financiero podría aumentar la desigualdad entre los pensionistas y poner en riesgo la garantía de ingresos mínimos.
En cualquier caso, la controversia pone de relieve la dificultad de conciliar la necesidad de reformar el sistema con la presión de mantener la cohesión social que ha caracterizado al modelo español de protección por décadas.