El Consejo de Ministros se retrasa por la disputa sobre el alquiler
La sesión del Consejo de Ministros, programada para iniciar a las 9.30, arrancó con una hora de retraso mientras los socios de gobierno –PSOE y Sumar– intentaban cerrar un acuerdo que ha generado una gran expectación en el ámbito de la vivienda. La demora se debió a la presión ejercida por el Sindicato de Inquilinas, que lleva tres jornadas de acampada en la Puerta del Sol exigiendo cambios estructurales en la normativa de alquileres.
Presión del Sindicato de Inquilinas
El colectivo de inquilinas ha puesto sobre la mesa cinco reivindicaciones, pero la más contundente es la solicitud de que todos los contratos de arrendamiento se conviertan en indefinidos de forma automática, salvo que el propietario necesite la vivienda para uso propio o familiar. La protesta, que no muestra signos de desgaste, ha conseguido que Sumar se alinee con la demanda, mientras que el PSOE se muestra reticente a aceptar la medida en su totalidad.
El borrador del Ministerio de Vivienda
El último proyecto de decreto, al que tuvo acceso elDiario.es, contempla una prórroga de dos años para los contratos que expiren antes de 2029, siempre que el inquilino mantenga la misma renta. No incluye, sin embargo, la transformación automática a contratos indefinidos. Además, la protección antidesahucios se limita hasta finales de 2028 y solo se aplica a propietarios que posean tres o más inmuebles, dejando fuera a los pequeños arrendadores.
Posiciones encontradas: PSOE, Sumar y Junts
Sumar ha defendido la necesidad de ir más allá de la legislación vigente para garantizar estabilidad a los arrendatarios, mientras que el PSOE teme que la eliminación total de la fecha de finalización pueda generar desequilibrios en el mercado. Por su parte, Junts, cuyo voto será decisivo en el Congreso, considera que el texto actual favorece a los “fondos buitre” y que la medida antidesahucios debería excluir a los propietarios con pocos pisos, argumentando que la normativa actual los coloca en una posición desfavorable.
El futuro de la protección contra desahucios
El borrador establece que la suspensión de desalojos será revisada cada doce meses y que, como máximo, podrá mantenerse durante tres años. Tras ese periodo, si las administraciones no logran ofrecer una alternativa habitacional al inquilino vulnerable, el proceso de desalojo se reactivará. Junts ha señalado que, bajo estos términos, no podría apoyar el decreto, pues considera que la medida “da por buenas las ocupaciones” y no protege adecuadamente a los propietarios modestos.
En conclusión, la negociación sigue en marcha y el desenlace dependerá de la capacidad de los socios para encontrar un punto medio que satisfaga tanto a los inquilinos como a los propietarios. La presión social, la necesidad de estabilizar el mercado de alquiler y la exigencia de una protección más robusta contra los desahucios son los ejes sobre los que se construirá el futuro del nuevo marco legal de la vivienda en España.