Acusación del exvicealcalde madrileño
Manuel Cobo, quien desempeñó el cargo de vicealcalde de Madrid y fue consejero de Presidencia durante la gestión de Alberto Ruiz‑Gallardón, compareció este martes ante la Audiencia Nacional para denunciar una supuesta trama política que, según él, rodeó la adquisición en 2001 de la empresa colombiana de aguas Inassa por parte del Canal de Isabel II. Cobo sostiene que la operación, conocida como "caso Lezo", fue manipulada por Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y futuro presidente de la Asamblea de Madrid, con el objetivo de empañar la reputación de Gallardón.
Una conversación bajo sospecha
El exconsejero afirmó que, durante una conversación entre González y el también exministro Eduardo Zaplana, ambos sabían que estaban siendo grabados por la Unidad Central Operativa (UCO). En ese intercambio, según Cobo, se aludió a un "pelotazo que dio Gallardón", insinuando que la compra de Inassa había sido un negocio desproporcionado y favorecedor de intereses particulares.
Detalles de la operación Lezo
El Canal de Isabel II, entidad pública dependiente de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 el 75 % de las acciones de Inassa por 73 millones de dólares, una cifra que la Fiscalía Anticorrupción considera inflada. Los investigadores detectaron la intervención de una sociedad panameña, lo que sugiere la utilización de un paraíso fiscal para encubrir un sobreprecio estimado entre 19 y 29 millones de euros. La acusación apunta a una vulneración de la protección de los intereses públicos en beneficio exclusivo de terceros.
Informes manipulados
Cobo explicó que, tras la aprobación de la compra, Ignacio González encargó a la consultora Cuatre Casas la elaboración de varios informes que, a su juicio, fueron deliberadamente desvirtuados. Según el testimonio, los documentos presentaban una valoración negativa de la operación, con observaciones que pedían corregir el contenido para que la transacción pareciera "muy negativa". Cobo asegura haber encontrado una copia de uno de esos informes, lo que, a su entender, evidencia una estrategia de difamación contra Gallardón y otros miembros del Partido Popular.
Reacciones de los implicados
Al ser interrogado, Ruiz‑Gallardón defendió su desconocimiento de cualquier irregularidad. El exalcalde recordó que la compra fue incluida como uno de los 96 puntos del orden del día del Consejo de Gobierno en 2001 y que, en ese momento, la fiscalización de las empresas públicas correspondía a la Cámara de Cuentas y al Tribunal de Cuentas, no a su despacho. Además, subrayó la pluralidad del consejo del Canal de Isabel II, que contaba con representantes municipales, sindicales y de la Confederación Hidrográfica del Tajo, lo que, según él, garantizaba la ausencia de tachas previas.
Implicaciones legales
La Fiscalía Anticorrupción ha imputado por malversación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra, incluidos consejeros del gobierno regional, sindicalistas y representantes de los municipios madrileños. La causa, que se reabrió diez años después, busca esclarecer si la operación se realizó con sobreprecio injustificado y si existió una colusión entre políticos y empresarios para desviar recursos públicos.
El caso Lezo sigue abierto y se espera que la Audiencia Nacional continúe con la fase de juicio, donde se analizarán los documentos internos, los informes de Cuatre Casas y las supuestas grabaciones de la UCO que, según Cobo, podrían confirmar la existencia de una maniobra política destinada a perjudicar a Gallardón y a favorecer a terceros.
