Informe tardío del CVIDS y sus advertencias
El Consell Valencià d’Inclusió i Drets Socials (CVIDS), máximo órgano de participación en materia de servicios sociales, emitió el 3 de julio un informe crítico sobre la previsión presupuestaria autonómica en el ámbito de la inclusión y la dependencia. El documento señalaba que gran parte del crecimiento del programa de Renda Valenciana d’Inclusió dependía de una partida temporal de 17 millones de euros catalogada como DANA Integrado.
Riesgos de la financiación temporal
Según la comisión, la dependencia de recursos temporales podría provocar una “minva en los derechos subjetivos de la ciudadanía” si el crédito estructural no se consolida. La posible desaparición del DANA provocaría una caída abrupta de los fondos destinados a personas en situación de dependencia, congelando prácticamente las prestaciones ordinarias del Sistema Valencià de Dependència.
Impacto en el Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS)
El informe también detectó una reducción global del 1,69 % en la actividad ordinaria del IVASS, con descensos del 27,58 % en gastos de funcionamiento y del 29,19 % en inversiones reales ordinarias. Estas cifras se explican, en gran medida, por la finalización del programa financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y no por recortes estructurales.
Recomendaciones de la comisión
Ante este panorama, la comisión instó a garantizar una dotación suficiente de funcionamiento e inversión al IVASS para preservar la operatividad y la calidad de sus centros. Además, solicitó que cualquier reducción de la inversión ordinaria vaya acompañada de una justificación explícita sobre su impacto en el mantenimiento y renovación de equipamientos.
Retraso en la entrega del informe y críticas al gobierno
Aunque el informe estuvo listo el 3 de julio, el Consell no lo remitió a las Cortes hasta el 30 de julio, fecha en la que los presupuestos ya habían sido aprobados. Este retraso impidió que la oposición y la sociedad civil pudieran debatir su contenido antes de la votación final.
Silvia Gómez, portavoz del PSPV en servicios sociales, denunció la falta de transparencia del PP, acusándolo de “ocultar la información y luego pedir confianza”. El PSPV también reclamó que los 535 millones adicionales que el Estado ha destinado a la comunidad se utilicen para agilizar las valoraciones de dependencia, en lugar de quedar relegados a partidas temporales.
El episodio ha reavivado el debate sobre la necesidad de dotar de recursos estructurales a los programas de inclusión y dependencia, y sobre la obligación de los gobiernos autonómicos de publicar con antelación los informes que evalúan la sostenibilidad de los servicios sociales.
