Amazon y la subcontratación: la polémica en la última milla
En la puerta de muchos hogares, el timbre suena y, tras la pantalla del intercomunicador, una voz anuncia la llegada de un paquete de la gigante del comercio electrónico. Sin embargo, el mensajero que entrega el envío no pertenece a la compañía; su vínculo laboral está mediado por una cadena de empresas externas. Esta práctica, que ha generado críticas a nivel internacional, es el centro de una campaña lanzada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien busca regular el modelo de negocio mediante la Delivery Protection Act.
El modelo de reparto sin empleados directos
Amazon sostiene que no posee conductores propios y que, por tanto, no realiza transporte. La empresa delega la distribución a una red extensa de socios, desde los llamados DSP (Delivery Service Partner) hasta grandes operadores como SEUR, DHL o Correos, e incluso a autónomos locales que participan en el programa Amazon Hub Delivery. En este esquema, la multinacional no paga salarios ni asume responsabilidades en caso de accidentes o bajas, trasladando la carga a los subcontratistas.
Impacto en los derechos de los trabajadores
Los mensajeros, al estar vinculados a terceros, carecen de la protección que otorgan los convenios colectivos y la legislación laboral tradicional. Sindicatos como CCOO y CGT denuncian la falta de transparencia sobre el número exacto de repartidores y la ausencia de datos fiables. En España, la eliminación del programa Amazon Flex, que permitía a particulares entregar paquetes con sus propios vehículos, se produjo tras denuncias de falsos autónomos y la aplicación de la Ley Rider.
La propuesta de Mamdani y sus implicaciones
El alcalde neoyorquino ha puesto en marcha una iniciativa para obligar a gigantes como Amazon a contratar directamente a quienes realizan la última fase del envío. La normativa propuesta pretende eliminar la subcontratación masiva, garantizar salarios dignos, establecer jornadas razonables y asegurar cobertura en caso de incidentes laborales. Según Mamdani, el modelo actual permite a las corporaciones evadir responsabilidades mientras imponen cuotas de productividad y rutas estrictas a sus colaboradores externos.
Si la legislación se aprueba, podría sentar un precedente para otras jurisdicciones que enfrentan situaciones similares. La presión de los movimientos sindicales y de la opinión pública podría impulsar cambios estructurales en la forma en que las plataformas digitales gestionan la logística de última milla.
