Contexto judicial y medida cautelar
Tras regresar de sus vacaciones, el magistrado Juan Carlos Peinado volvió a la agenda con una decisión que sorprende a la opinión pública. El juez solicitó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que demuestre, en un plazo máximo de cinco días, que realmente viajó a Londres para asistir a la graduación de su hija. La petición surge porque el pasaporte que le fue entregado de forma extraordinaria para el desplazamiento no muestra el sello de entrada o salida que, tradicionalmente, acredita la visita a otro país.
¿Qué implica la falta de sello?
Desde la introducción de los pasaportes electrónicos, el Reino Unido dejó de colocar sellos físicos en los documentos de viajeros. En su lugar, los ciudadanos deben tramitar la Autorización Electrónica de Viaje (ETA), cuyo justificante se envía por correo electrónico. El juzgado ha argumentado que, si bien el sello no aparece, Begoña Gómez podría presentar el correo de confirmación del ETA para probar su presencia en territorio británico.
Riesgo de quebrantamiento de medida cautelar
Peinado advierte que, de no acreditarse el viaje, la conducta podría constituir un delito de quebrantamiento de medida cautelar, castigado con entre seis meses y un año de prisión. La medida cautelar que pesa sobre Gómez incluye la prohibición de salir de España y la retirada temporal del pasaporte, ambas medidas excepcionales decretadas para evitar cualquier posible fuga.
Decisión diferenciada: Londres sí, Cumbre OTAN no
El 6 de junio, el juez Antonio Viejo, sustituto de Peinado, autorizó que la primera dama española viajara a Londres entre el 8 y el 10 de julio para acompañar a su hija en la ceremonia de graduación. No obstante, la misma resolución le negó el permiso para desplazarse a la reunión de la OTAN en Ankara, argumentando que su presencia tendría carácter meramente protocolario y no una intervención activa.
Argumentos de la defensa
El abogado de Gómez sostuvo que el trayecto al extranjero se realizaría bajo la vigilancia del cuerpo de seguridad de la Presidencia y que el pasaporte sería devuelto al juzgado al día siguiente del regreso. Asimismo, subrayó la estrecha cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso tras el Brexit, como factor que legitima el permiso para asistir al acto familiar.
Implicaciones políticas y repercusión mediática
El caso ha reavivado el debate sobre los límites de la vigilancia judicial a los miembros de la familia del presidente y sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares. Mientras algunos sectores consideran la petición como una medida de rigor, otros la perciben como una intromisión innecesaria en la vida privada de la primera dama. La ausencia de sellos en los pasaportes electrónicos, la exigencia de presentar el ETA y la posible sanción penal añaden una capa de complejidad que mantiene el tema en la agenda informativa.