El fallo del magistrado Santiago Pedraz
El juez Santiago Pedraz, encargado de investigar la supuesta "guerra sucia" del Partido Popular contra Podemos, ha vuelto a generar controversia con una decisión que muchos consideran un retroceso en la búsqueda de la verdad. En un auto de la segunda instancia, Pedraz anuló la condición de perjudicado del ex eurodiputado Miguel Urbán y lo expulsó del proceso, argumentando que no existen pruebas suficientes para mantener su figura como víctima del montaje policial.
¿Por qué se apartó Urbán del caso?
Urbán, uno de los fundadores de Podemos, había intentado personarse en la causa para aportar su versión de los hechos ocurridos entre 2015 y 2016. La Fiscalía Antidroga y unidades especializadas de la Policía, bajo la dirección del comisario José Luis Olivera, habían investigado al parlamentario bajo la sospecha de un supuesto tráfico de cocaína que, según los informes, se habría vendido en un bar de Malasaña. La acusación se basó principalmente en el testimonio de un informante conocido como Hugo Chiquero.
El testimonio vacilante de Hugo Chiquero
El 8 de mayo, Chiquero compareció como testigo y, según los presentes, su declaración fue caótica e incoherente. Repetidamente manifestó no recordar los acontecimientos, llegó a olvidar incluso su propia firma y, en un momento, dijo que había colaborado "por el bien de España". El fiscal Vicente González Mota, visiblemente incómodo, señaló que la declaración no acreditaba ninguna participación del imputado y recomendó no considerarlo investigado.
Pedraz, por su parte, argumentó que la falta de recuerdo no implica falsedad y que la prueba del testigo, aunque difusa, no se puede desechar de plano. Propuso a las partes que, si no estaban satisfechas, presentaran una denuncia por falso testimonio en otra instancia.
Reacción de Podemos y el panorama político
Los abogados de Podemos calificaron la postura del juez como «una amnesia increíble», subrayando la imposibilidad del testigo de reconocer su propia firma y los supuestos detalles de la denuncia. La decisión de retirar a Urbán del procedimiento ha sido vista como un intento de minimizar la gravedad de los presuntos abusos policiales cometidos bajo el mando del PP.
La polémica se enmarca dentro de un contexto más amplio en el que se debate la existencia de una estrategia de represión contra la oposición durante la última década. Mientras la Fiscalía y la Audiencia Nacional han archivado otras querellas relacionadas, la Sala de lo Penal ha sido el único tribunal que ha exigido al menos una mínima investigación.
En definitiva, la falta de pruebas contundentes y el recuerdo difuso del único testigo clave ha llevado al juez a cerrar la puerta a una de las figuras más simbólicas de la acusación, generando descontento entre los miembros de Podemos y alimentando la sospecha de una impunidad parcial en casos de presunta manipulación institucional.
