Contexto y advertencias de la Comisión Europea
El informe presentado por la Comisión Europea en la última reunión de ministros ha señalado que España se sitúa como la única economía de la zona euro a la que Bruselas eleva sus proyecciones de crecimiento, fijando un 2,4 % para 2026. No obstante, el documento también alerta sobre la necesidad de revisar la forma en que el gasto público se reparte entre generaciones, especialmente frente al envejecimiento de la población y al creciente déficit de pensiones.
Dependencia de la tributación del trabajo
Uno de los puntos más críticos es la creciente dependencia de los ingresos fiscales provenientes del trabajo, que ya supera el 48 % de la recaudación total. La Comisión ha subrayado que esta situación reduce la capacidad del Estado para financiar políticas redistributivas sin recargar a los asalariados. En este sentido, se propone elevar el Impuesto al Valor Añadido (IVA) en el sector de la hostelería –hoteles, bares y restaurantes–, un segmento que, según Bruselas, genera un impacto presupuestario significativo pero apenas contribuye a la equidad fiscal.
Reequilibrio del gasto entre generaciones
El informe no menciona explícitamente la falta de presupuestos generales del Estado, pero sí destaca que el actual modelo de pensiones beneficia desproporcionadamente a los jubilados, cuyas rentas superan casi el doble de la media nacional. Por ello, se insta a redirigir una parte del gasto público hacia iniciativas que favorezcan a niños, adolescentes y jóvenes adultos, mejorando la cobertura de la educación, facilitando el acceso al empleo y reforzando la asistencia social.
Vivienda social: un reto pendiente
Bruselas también ha puesto de relieve el escaso porcentaje de viviendas sociales en España, menos del 2 % del parque total, frente a la media europea del 7 %. Para corregir este desajuste, la Comisión recomienda eliminar trabas burocráticas, agilizar la concesión de licencias y ampliar la disponibilidad de suelo edificable. Un mayor número de viviendas asequibles podría aliviar la presión sobre el mercado de alquiler, reduciendo la vulnerabilidad de las familias jóvenes y contribuyendo a la disminución de la pobreza infantil.
Pobreza infantil y exclusión social
Según los datos citados, más de uno de cada cuatro menores en España está en riesgo de exclusión social, situando al país entre los peor posicionados de la UE en esta materia. La propuesta europea consiste en combinar la reforma del sistema de pensiones con inversiones dirigidas a la infancia, creando un círculo virtuoso donde la inversión en capital humano mejore la productividad y, a la larga, la recaudación tributaria.
En síntesis, la Comisión Europea llama a España a respetar las tasas máximas de crecimiento recomendadas, a equilibrar la carga fiscal entre trabajo e ingresos patrimoniales y a destinar recursos estratégicos a la educación, el empleo y la vivienda. Solo mediante un enfoque integral será posible garantizar la sostenibilidad del modelo de bienestar sin sacrificar a las generaciones futuras.