Dimisiones masivas y protestas en la Comunidad Valenciana
En la novena jornada de huelga, más de un centenar de equipos directivos de centros educativos se congregó frente a las Corts Valencianes para presentar su dimisión colectiva ante la consellera de Educación, Carmen Ortí. La medida, anunciada como ultimátum el lunes anterior, se produce en medio de un conflicto que lleva ya nueve días sin avances y con negociaciones completamente rotas entre sindicatos y la administración.
Precariedad de infraestructuras y falta de apoyo especializado
Los directores denunciaron aulas en condiciones deplorables, edificios que datan de 1955 sin climatización ni mantenimiento básico y obras interminables que sólo cubren, de forma temporal, la ausencia de recursos. Jaume Olmos, del CRA Benavites‑Quart, describió el entorno como “insostenible”, mientras Irene Rial y Adam Badenes alertaron sobre los numerosos parches que la Conselleria ha tenido que aplicar. Además, la escasez de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje agrava la exclusión de estudiantes con necesidades especiales, reduciendo a minutos insuficientes las sesiones de apoyo.
La pesada carga burocrática
Javier Catalá, jefe de estudios del CRA El Pinar, resumió la sensación general: “La burocracia nos sale por las orejas”. La lenta tramitación de bajas y la excesiva documentación obligatoria obligan a los equipos a realizar malabarismos para no desatender al alumnado vulnerable. Según los manifestantes, la responsabilidad recae no sólo en la falta de financiación, sino también en una gestión ineficiente de la consellera Ortí, el secretario Daniel McEvoy y el exresponsable de Educación José Antonio Rovira.
Reacción de la autoridad regional
Juanfran Pérez Llorca trató de mitigar la tensión en un encuentro informal a la puerta del Parlamento, reconociendo que “algo se está haciendo mal”. Sin embargo, instó a los docentes a asumir “el cincuenta por ciento de la responsabilidad” en el bloqueo, intentando desplazar parte de la culpa hacia el propio cuerpo docente.
El malestar se extiende también a los educadores de Educación Especial, que reclaman la imposibilidad de ejercer su derecho a huelga debido a un servicio mínimo decretado al 60%, lo que agrava sus ratios y limita su intervención.
La situación refleja una crisis estructural que exige una respuesta integral: inversión en infraestructuras, dotación adecuada de personal especializado y una reducción de la carga administrativa que permita a los centros centrarse en la enseñanza.
